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La Defensoría del Pueblo anunció este miércoles que presentará acciones legales ante instancias nacionales e internacionales por el caso de la niña de 11 de edad que resultó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte del padre de su padrastro.

Con ello, la institución busca “salvaguardar la vida, dignidad e integridad” de la menor, “cuyo proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que es lo que corresponde en este caso, fue interrumpido”, según un boletín de prensa de la Defensoría del Pueblo. Además, pretende que “estos hechos no queden en la impunidad y no se repitan nunca más”.

“Estamos presentando una acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, del Hospital Percy Boland, así como contra el Arzobispado que ha intervenido, para que la instancia competente, es decir, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, reencamine el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La Defensora agregó que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aplique medidas cautelares contra del Estado boliviano por este caso.

Por otro lado, anunció que también presentará un proceso penal por este caso contra los responsables. “Estamos presentando una denuncia penal en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y el Arzobispado de Santa Cruz que ha intervenido, y también en contra de la madre, por los delitos, en lo que corresponda, de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas”, señaló Cruz.

Agregó que la demanda busca que los que resulten responsables sean sancionados con una pena de entre 15 a 20 años de prisión.

“De acuerdo con la OPS, las niñas menores de 15 años de edad tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida que una mujer mayor edad. Esperemos que sea la acción de libertad o la medida cautelar la que genere el impulso suficiente para que el Estado asuma su deber de protección y de garantía en este caso”, agregó Cruz.