Video

Aunque las autoridades del Gobierno y los representantes del sector agropecuario repudiaron el hecho, el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, lo minimizó al declarar que los propietarios privados pretenden, a través de estos hechos, desprestigiar a esta institución porque el proceso de saneamiento no resultará como ellos lo esperan.

Ante el avasallamiento, ataque y secuestro de las 21 personas el día jueves, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en alerta máxima ante el terror que generan en los productores dichos grupos armados con evidente entrenamiento militar.

Óscar Mario Justiniano, presidente de Confeagro, dijo que este tipo de hechos refleja la ausencia del Estado para sentar un precedente. Por ello, solicitó la intervención inmediata del INRA, Ministerio de Gobierno y Fiscalía General del Estado, ya que los actos suscitados en Las Londras muestran que los grupos armados toman propiedades, roban ganado, maquinaria y ahora secuestran personas.

Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que durante la jornada de ayer ya se tomaron algunas declaraciones de víctimas y testigos en el marco de la investigación. Aseguró que la comisión de fiscales a cargo del caso armará una estrategia para esclarecer el hecho sin alterar el trabajo de la Policía, que también realiza un trabajo investigativo.

“Estamos ante personas que, por los antecedentes se pueden ver, están bajo portación de armas (…). Bajo ese entendido, tenemos que ser responsables y armar una estrategia a objeto de poder dar con el paradero de estas personas. No queremos que haya personas muertas, heridas; lo que queremos es parar con esta clase de delitos”, dijo.

La comisión de fiscales investiga los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad.

En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que los responsables del secuestro a policías, periodistas y productores agropecuarios serán puestos ante la justicia.

“Vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos como Estado Plurinacional para que este tipo de acciones no se reproduzcan en el futuro, y las personas que hayan tenido la osadía de retener o privar de la locomoción a estos ciudadanos bolivianos tendrán que rendir cuentas a la justicia boliviana”, dijo.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) se declaró en estado de emergencia y repudió enfáticamente “el cobarde ataque armado, el vil secuestro y la ilegal tortura a la que fueron sometidos nuestros colegas”.

La ANPB, en un pronunciamiento emitido de manera conjunta con otros gremios periodísticos, denunció ante la comunidad nacional e internacional la grave violación a los derechos humanos y constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.

El INRA responsabiliza a los propietarios del predio

Ante el secuestro y agresión a un grupo de policías, periodistas y productores agropecuarios en el predio Las Londas, por parte de un grupo de avasalladores armados, el director departamental del INRA en Santa Cruz, Adalberto Montenegro, dijo que es una exageración la denuncia de la detención de policías y periodistas por personas encapuchadas, según El Deber.

Agregó que el predio Las Londras se encuentra en proceso de saneamiento. Los propietarios privados pretenden sanear 18 mil hectáreas, pero, al verificar la Función Económica Social (FES), se justifican solamente 600 hectáreas.

Por ello, Rojas afirmó que los privados buscan desprestigiar al INRA a través de este tipo de hechos con la finalidad de que esta institución cambie su informe.