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El abogado integrante del equipo jurídico de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Carlos Busch, anunció que la Iglesia emprenderá acciones legales contra quienes realizaron manifestaciones que promovieron la discriminación y el odio, puesto que se estaría afectando a la libertad religiosa.

El anuncio se realiza después de protestas realizadas por la Defensoría del Pueblo y colectivos feministas que rechazaron el rol de la Iglesia Católica, en el caso de la niña de 11 años de edad en Yapacaní que fue víctima de violación y resultó embarazada.

Busch dijo que el 27 de octubre la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, encabezó un hecho público en afueras de la CEB. Consideró que en esa manifestación se mostraron actos de improperio y de intolerancia.

Asimismo, mencionó los hechos registrados el fin de semana, cuando se registró una protesta en la Iglesia San Francisco de La Paz y el pintarrajeado de la Catedral de Santa Cruz. Señaló que en esos hechos hubo agresiones, insultos, verbales y de carácter violento y discriminatorio. 

"La iglesia no puede tampoco quedarse de brazos cruzados. Entonces vamos a decir que se van asumir las acciones legales pertinentes y esto porque raya mucho más allá del ejercicio de una libertad de expresión, raya mucho más allá en el ejercicio de la libertad de reunión que están garantizados en la propia Constitución, porque también se tiene que decir: hay una afectación a lo que significa la libertad religiosa que está garantizada como un derecho", señaló el jurista en entrevista con ERBOL. 

Precisó que se está analizando recurrir a los tipos penales de discriminación e incitación a la discriminación en contra de organizaciones o asociaciones que han manifestado agresiones verbales, además de daño a la propiedad privada y allanamiento a instituciones a la Iglesia.

El integrante del equipo jurídico de la CEB indicó que también se emprenderá las acciones legales contra la Defensoría del Pueblo, por los mismos tipos penales relacionados a la discriminación.

Consideró como "una vergüenza absoluta" que la Defensora, en lugar de defender los derechos fundamentales de todos, se parcialice y además emita una serie de comentarios "fuera de lugar".

El jurista agregó que, si bien por Constitución el Estado está separado de la religión, se debe garantizar la libertad de religión y esa decisión no puede estar sujeta a una discriminación.