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La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, presentó este miércoles los resultados de una investigación realizada por funcionarios de dicha entidad sobre el manejo de medios estatales entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. Entre sus conclusiones, se encuentran que presuntamente se habría provocado un daño económico al Estado de más de 8,9 millones de bolivianos por diferentes "irregularidades" y una "mala administración" de los mismos. 

"El manejo de los medios estatales ha incurrido en procedimientos fuera de la norma que han causado un daño económico al Estado. (...) Son más de 8.965.000 (de bolivianos) el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, el ataque, la quema, de los medios de comunicación", sostuvo Alcón, en rueda de prensa.

"En provincias, municipios, las zonas rurales, no tenían comunicación. En muchos de los casos, las radios de los pueblos originarios, es el único medio de comunicación y en periodo de pandemia. Más de 5.700.000 personas fueron afectadas en su derecho a la información", agregó. 

En detalle, la viceministra explicó que la suspensión de emisión de la señal de Bolivia TV entre el 9 y el 13 de noviembre de 2019 generó pérdidas económicas que ascienden a dos millones de bolivianos, concernientes a gastos operativos de emisión e incumplimiento de contratos comerciales. También, que el número de repetidoras sin funcionamiento alcanzó las 135 en ese periodo, lo que supone el 48,9% de las que se tenían en 2019.

Radio Patria Nueva, por su parte, pasó de una cobertura del 80% al 15%, mientras que el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios pasó de tener 89 radios en funcionamiento a 18. 

Manejo ilegal de contratación de personal

La viceministra también denunció que existió un "manejo ilegal" de contratación de personal con "incumplimiento de requisitos, gestión ineficiente y discrecional en la gestión de recursos humanos, falta de registro de asistencia de consultores en enero, consultorías irregulares, ítems de manera irregular y servicios profesionales en forma irregular". 

A esto se suma, que supuestamente encontraron material adjudicado a la Resistencia Juvenil Cochala en las dependencias de BTV Cochabamba.

"Hay algunos tipos penales identificados: contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes, deberes de ciudadanos y omisión de denuncia. Corresponderá ya en la etapa de investigación presentar las acciones que se tengan que tomar", indicó la autoridad.

Página Siete