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Esta norma, que tiene seis artículos, incluye un Anexo de 209 páginas que “forma parte integrante de la presente ley” (según dispone el artículo 2) y que dispone la obligatoriedad de su aplicación, lo que vulnera las autonomías, las capacidades de planificación, financiamiento y ejecución de planes, programas y políticas locales, al estar subordinadas a la ejecución y aplicación obligatoria del plan de desarrollo del gobierno central por parte del Órgano Legislativo; Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas; Órgano Judicial; Órgano Electoral; Tribunal Constitucional Plurinacional; instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado (Defensoría del Pueblo, Procuraduría); entidades territoriales autónomas (municipios, gobernaciones, autonomías indígenas); universidades públicas.

Según el Conade, el Proyecto de Ley 342 no considera el artículo 317 de la Constitución Política del Estado, que dispone que “el Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada” (CPE).

En el Anexo del Proyecto de Ley 342, el Plan de Desarrollo elaborado al margen de la CPE, dispone de forma clara lo siguiente: “La irrupción del orden constitucional culmina en noviembre de 2019 con la asunción de un gobierno de facto” (página 45 del Anexo, Proyecto de Ley 342).

En consecuencia, "aceptar el Proyecto de Ley 342 y que sea obligatorio a todos los niveles estatales señalados, significa aceptar sumisa y legalmente la existencia del supuesto “golpe de Estado” inventado por el gobierno de Luis Arce", señala el Conade.

"El Conade rechaza este Proyecto de Ley 342 y considera que se deben hacer los esfuerzos para eliminarlo por dañar las autonomías y pretender instaurar una ley impuesta a todas las estructuras del Estado que hable de la existencia de un inventado Golpe de Estado que daría pie a una mayor persecución política e imposición de un Estado autoritario y conculcador de las garantías constitucionales", indica.

Y continúa: "¿Por qué el Gobierno del MAS implementa este tipo de leyes? Tenemos la certeza de que este paquete de leyes buscan imponer un Estado autoritario y fascista dentro de la línea internacional del socialismo del siglo XXI, debido a que dio resultado en países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, donde se logró doblegar a la sociedad civil, a la oposición y a la ciudadanía democrática y patriótica; situación que no va a suceder en Bolivia debido a la dignidad y predisposición de lucha del pueblo boliviano".

Finalmente, el Conade señala que el  Bloque de Unidad, junto a los gremiales organizados, transportistas, cívicos, plataformas del 21-F "daremos batalla hasta lograr la anulación del paquete de normas económicas autoritarias".