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Un nuevo frente de conflicto se abre ante el Gobierno con la sanción de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Universidades del país anuncian movilizaciones en rechazo a la normativa aprobada por el rodillo del partido azul en el Senado. En tanto, municipios cuestionan la imposición de una ley sin consensuarla.

Este jueves, diferentes estamentos de la universidad boliviana llevarán adelante movilizaciones contra la Ley 342 que consideran vulneran la autonomía.

La Confederación Universitaria de Docentes (CUD) de Bolivia, mediante nota, “convoca e instruye con carácter obligatorio a los docentes del SUB (Sistema Universitario Boliviano) a participar en la marcha simultanea en nuestros distritos universitarios el día jueves 4 de noviembre a horas 9:30 del año en curso, para expresar nuestro rechazo al PDFI, impuesto a nuestras universidades y a la Ley 3432, cuyos instrumentos vulneran flagrantemente la Autonomía Universitaria”.

Las universidades Juan Misael Saracho y Gabriel René Moreno (de Tarija y Santa Cruz, respectivamente) activaron la participación de los tres estamentos: estudiantes, trabajadores y docentes, en movilizaciones de rechazo a la normativa que busca aplicar el Gobierno con afectación a la autonomía universitaria.

En La Paz, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, cuestionó al Gobierno por no convocar a las casas de estudios superiores para trabajar en el proyecto de ley.

“Cualquier plan debería ser participativo. Los Gobiernos departamentales, los Gobiernos municipales y las universidades públicas deben participar en la construcción del plan de desarrollo que debe responder a las necesidades de pueblo boliviano”, señaló en contacto con un medio televisivo.

Municipios

Los primeros Gobiernos locales en reaccionar contra la Ley 342 fueron de La Paz y Santa Cruz. “La ley impone a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), es decir gobernaciones y municipalidades, a basarse en un plan nacional de desarrollo que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes departamentos y municipios del país, y específicamente a la que tiene el Gamlp, que goza de autonomía según la CPE”, refiere un comunicado del municipio de La Paz.

En Santa Cruz, señala que la norma es inconstitucional “porque viola la autonomía municipal y sus competencias de planificación del desarrollo municipal, asumiendo el control de los presupuestos y los gastos de inversiones de las autonomías”. La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó su preocupación por la forma inconsulta en la que la Asamblea aprobó la Ley del Plan de Desarrollo Económico.

Dan plazo de 180 días para presentar los planes

A partir de la promulgación de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social para el quinquenio 2021-2025 que se denomina “Reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, recordó a los Gobiernos subnacionales y universidades públicas que tienen 180 días para adecuar y enviar sus Planes Operativos Anuales (POA) concordantes a la línea nacional.

“Van a correr el plazo de 120 y 180 días respectivamente. 120 días para la planificación sectorial de las distintas carteras del Estado en línea con la planificación económica y social, y 180 días para las entidades territoriales autónomas para que puedan presentar y adecuar su proceso de planificación a los planes establecidos en el plan económico y social”, señaló la Ministra en conferencia de prensa en La Paz.