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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitió este martes un pronunciamiento tras las agresiones que sufrieron trabajadores de la prensa en distintos puntos del país, en medio de las protestas del paro contra la ley 1386.

“La ANPB repudia las agresiones físicas, verbales y psicológicas y las amenazas sufridas por colegas periodistas que cubrían el lunes 8 de noviembre el inicio del paro indefinido en las nueve capitales del país, pero en especial en Potosí, Santa Cruz y Oruro, y denuncian estos cobardes hechos, cometidos por grupos radicales afines al oficialismo, ante la comunidad nacional e internacional como una flagrante violación al derecho humano y constitucional a la libertad de expresión”, señala el pronunciamiento.

La ANPB señaló que, en medio de una jornada caracterizada por la violencia de grupos vinculados al Gobierno, en Potosí el periodista Dilver Soria de la Red Pío XII recibió el impacto de un petardo que perforó su chaleco e intentaron destrozar el equipo de trabajo del colega Manuel Soux y de otros reporteros que cubrían los hechos.

“como si esas agresiones físicas no fueran suficientes, nada menos que el presidente de la Asamblea Departamental de Potosí, Marcial Ayali, quien a la sazón encabezaba y azuzaba a sus partidarios contra los bloqueos, responsabilizó a los periodistas por la crisis de noviembre de 2019 y los calificó como ‘vendidos,golpistas y pititas’”, señal´´o la ANPB.

Tanto en Santa Cruz como en Oruro también se registraron agresiones físicas y verbales contra periodistas e intentos de obstruir la tarea informativa, en una actitud autoritaria y de soberbia.

“La ANPB expresa su más enérgico repudio contra estas agresiones e intimidaciones y remarcan que en el país rigen los derechos a la libre expresión, a la comunicación y a la información, que están protegidos por la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística”, señaló la ANPB.

La ANPB afirmó que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

“En consecuencia, exigimos al Gobierno las garantías mínimamente necesarias para realizar nuestro trabajo periodístico y también una urgente investigación para dar con los responsables de estas agresiones. SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA y ésta muere en la oscuridad de las pasiones autoritarias”, señala el pronunciamiento.