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El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes se incluyó a la empresa Cóndor en el proceso civil que se desarrolla en Estados Unidos (EEUU) contra el exministro de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, y sus cómplices, quienes son acusado por el pago de sobornos y compra con un supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos.

“La empresa Cóndor está incluida (en el proceso civil) porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases y consintió la participación de un intermediario”, explicó el procurador Chávez, durante una conferencia de prensa.

La autoridad indicó que, en la demanda civil, la segunda que se realiza en estrados judiciales de EEUU, donde se detuvo a Murillo, se demandará la devolución del dinero robado a arcas del Estado boliviano, además del resarcimiento de daños y perjuicios, toda vez que ese hecho de corrupción fue cometido en plena cuarentena por coronavirus (COVID-19), cuando el país estaba en emergencia sanitaria y requería recursos para encarar la lucha contra la pandemia, según un boletín institucional.

Murillo es acusado por los delitos de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS LLC).

Junto a él son procesados Sergio Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete de Murillo; Phillip Lichtenfeld, empresario boliviano-estadounidense, Luis Berkman y Bryan Berkman, ambos de la intermediaria BTS LLC.

La Procuraduría contrató los servicios de un equipo legal extranjero, para que asuma la defensa del Estado boliviano en EEUU, como damnificado por esos delitos, para hacer seguimiento y lograr el resarcimiento de los daños ocasionados. 

Arturo Murillo Prijic fue el exministro de Gobierno y hombre fuerte de Jeanine Áñez. Desde mayo de este año está detenido en la prisión federal de Miami acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y recibir sobornos.

Durante el gobierno de Áñez, gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.