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El presidente Luis Arce promulgó la ley del “Plan de Desarrollo Económico y Social” que busca articular los planes de desarrollo nacional, subnacional y de universidades, e invertir más de $us 33.000 millones en el quinquenio, mientras que desde sectores de oposición la ven como un factor de afectación a la autonomía.

Según la norma, están obligadas a la ejecución del plan los órganos Legislativo; Ejecutivo y sus empresas públicas; Judicial; Electoral; Tribunal Constitucional Plurinacional; Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado; Entidades Territoriales Autónomas; y Universidades Públicas.

El Gobierno, que aseguró más de $us 33 millones para la ejecución del plan de desarrollo 2021-2022, defendió la constitucionalidad de la norma y descartó que vaya a afectar las autonomías como se denunció desde la oposición.

Tras una reunión con la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, aseguró que la norma en realidad no afecta a las autonomías de las administraciones subnacionales como se había pensado inicialmente por la falta de socialización de la normativa recientemente sancionada.

La Confederación de la Universidad Boliviana también negó que la autonomía universitaria se vea afectada con la normativa.

A diferencia de esos criterios, el alcalde de La Paz, Iván Arias, incorporó dentro de las demandas de la Asamblea de la Paceñidad la anulación de esta norma.