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El proyecto de Ley 218 fue retirado cuando estaba a punto de ser aprobado en el Senado. Casi un mes después, el presidente Luis Arce solicitó al Legislativo, donde el MAS tiene mayoría, la abrogación de la Ley 1386 que activaba la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

En ambos casos, la presión social y los reclamos por la falta de debate y “socialización” de los proyectos de ley influyeron en esas decisiones asumidas por el jefe de Estado, coinciden sectores sociales, incluso al interior del gobernante MAS.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, reclamó ayer al Legislativo por su falta de pluralismo. Señaló que “este poder del Estado tiene que asumir su papel porque en este momento las decisiones se están asumiendo desde la calle”.

“No hay debate. De qué sirve que haya diputados y senadores de otras fuerzas políticas si no toman en cuenta las opiniones ni los puntos de vista de otras voces. Es triste, porque se ha visto que el MAS ni participa ni alienta el debate”, dijo.

En ese marco, Condori alentó la posibilidad que el oficialismo restituya el respaldo de dos tercios para los debates en las dos cámaras del Legislativo.

El expresidente Carlos Mesa, líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), planteó ayer un proyecto para que la condición de los dos tercios, que estuvo vigente hasta finales de 2020, sea retomada en el Legislativo. El MAS rechazó reconsiderar este tema con su mayoría.

Otros sectores sociales observaron el papel del vicepresidente, David Choquehuanca, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa. Al interior del MAS le reclaman un papel “más político” de cara a los sectores sociales y los asambleístas.

Organizaciones como la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) enviaron a Choquehuanca una propuesta para modificar el artículo séptimo de la Ley 1386 que habilitaba al Ejecutivo hacer ajustes “por decreto” de la Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

La respuesta demoró un mes y señalaba que se adjunte “una exposición de motivos”. “La respuesta fue simplemente administrativa”, lamentó el vicepresidente de Concobol, Braulio Arguedas.

Entre tanto, los gremiales de El Alto exigieron a los opositores “estar más alertas” ante otras normativas que pudieran generar tensiones y eventuales afectaciones a los intereses de varios sectores.