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El abogado de la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, informó este miércoles que la autoridad prepara dos nuevas denuncias en contra del exministro de Educación, Adrián Quelca, por los presuntos delitos de nombramiento ilegal, difamación y calumnia. Balderrama fue quien presentó la querella contra la exautoridad por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en relación al presunto "tráfico de exámenes" en el proceso de institucionalización para la designación de cargos distritales, directivos, rectores y docentes en el sistema educativo superior.

"Estamos preparando esencialmente dos denuncias penales. Primero, por la designación del señor Agustín Tarifa. El ministro de Educación tenía todo el deber y obligación como máxima autoridad ejecutiva de velar que en las designaciones a los cargos que él firma, cumpla todos los requisitos. No lo hizo. Hasta el momento, Agustín Tarifa solo ha acreditado tener formación para ser bachiller. En ese sentido, habría incurrido el exministro de Educación Adrián Quelca en el tipo penal que se denomina nombramientos ilegales", indicó Abel Loma, a RTP. 

"La segunda denuncia penal que vamos a imponer es por difamación y calumnias. El exministro de Educación se ha dado la tarea de indicar que la viceministra Balderrama estaba en pretensiones de ocupar el cargo. Es algo que tiene que comprobar y probar. Y todos esos funcionarios y gente que han estado de barra, típico de una banda delincuencial, tienen que responder por sus actos y decir cuál es el motivo para que en su calidad de funcionarios hayan pedido la renuncia de una autoridad de su ministerio".  

Quelca renunció a su cargo en el Ministerio de Educación el pasado viernes, tras la imputación de la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes. Entonces, la exautoridad apuntó a intereses mezquinos y a la prensa, que según él, promovió las denuncias.

Página Siete reveló el 19 de julio, a través de una nota de investigación periodística, los mensajes que intercambiaron el exdirector Agustín Tarifa y una familiar suya que trabajaba en el Ministerio Público, que involucraban a Quelca y a Tarifa, quien ya era investigado por favorecer o perjudicar a determinados postulantes en el proceso de designación de cargos directivos.

En el  historial de conversaciones virtuales, que investigaba la Fiscalía, figuraban como protagonistas Quelca y al menos otros 46 docentes y postulantes a cargos directivos que, según la denuncia, aprobaron porque les dieron las respuestas de los exámenes de institucionalización, de acuerdo con los mensajes de chat, audios, videos  e informes a los que tuvo acceso este medio.

Página Siete