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El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) observó que en Bolivia el régimen de Jeanine Áñez usara un Decreto Supremo para deslindar a militares de responsabilidad penal en la represión contra bolivianos.

“En 2019, Áñez dictó un Decreto Supremo, 4078, que otorgó facultades discrecionales a las fuerzas militares para recurrir a la fuerza contra los manifestantes en sus labores de mantenimiento del orden público, pero eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal”, aseguró el jueves el presidente del comité internacional, Claude Heller Rouassant.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 permitió la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana ante movilizaciones que se generaron por la crisis poselectoral. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas.

“En ese periodo se registraron vulneraciones a los derechos a la vida y a la seguridad de las personas”, indicó en referencia a las masacres de Senkata y Sacaba.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el 17 de agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento confirma que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata existió vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Adalid, informó este viernes que el tema del Decreto Supremo 4078 fue tratado en la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

La autoridad presenta en ese país para el tercer informe periódico de Bolivia en virtud del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.

“Informamos que el Decreto Supremo 4078, denominado ‘Decreto de la Muerte’, definitivamente es un decreto inconstitucional, es un decreto que está siendo procesado en las masacres de Sacaba y Senkata y en la proposición acusatoria presentada contra Jeanine Áñez”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.

El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), es el órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes.