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El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el dirigente cívico de Riberalta, Katriel Müller; el presidente del comité cívico de Tarija, Adrián Ávila y la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), se vieron afectados en los últimos días por procesos que legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsaron por el paro indefinido que se desarrolló en rechazo a la Ley 1386.

Tras una reunión de los nueve representantes cívicos, realizada en Potosí, se rechazó la persecución política contra los dirigentes y dieron un plazo de 24 horas para que se libere a todos los detenidos que participaron del paro multisectorial. Se declararon en estado de emergencia ante cualquier intento de apresarlos.

“No podemos permitir lo que está ocurriendo, le damos 24 horas al poder judicial para que libere a nuestros ciudadanos que están detenidos. Hay que reaccionar ante este atrevimiento por parte del Gobierno”, dijo el máximo representante de Comcipo, Juan Carlos Manuel.

A inicios de mes, los gremiales y otros sectores sociales ingresaron a un paro indefinido exigiendo la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

A estas demandas se sumó el movimiento cívico del país, que declaró un paro cívico movilizado. Los conflictos se agudizaron en Santa Cruz, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba dejando varios heridos y detenidos durante los enfrentamientos entre quienes rechazaban la norma y los grupos afines al MAS. En la Villa Imperial se lamentó la muerte de un joven campesino.