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La fiscal Anticorrupción, Lupe Zabala, informó este martes que solicitarán la pena máxima para la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y los acusados en el denominado caso Golpe de Estado II, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, previstos en el Código de Procedimiento Penal. Además, que la Fiscalía ofreció alrededor de 17 testigos en el pliego acusatorio.

“En este caso han sido acusados por los delitos de carácter ordinario, delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución (y a las leyes), debido a los hechos suscitados en noviembre de 2019 (…). El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima que son 10 años”, indicó la fiscal en conferencia de prensa.

Tras las acusaciones formales en contra de los exjefes del Alto Mando Militar, quienes fueron involucrados, la Fiscalía solicitará la pena máxima de 10 años que corresponde a ese tipo de delitos conforme a la ley; sin embargo, será el Tribunal de Sentencia el que determine los años de condena en caso de demostrar la culpabilidad de los implicados en el caso Golpe de Estado II.

Aseveró que se colectaron alrededor de 70 elementos probatorios entre los que están: informes, desdoblamiento de noticias de noviembre de 2019, declaraciones de asambleístas, policías, funcionarios militares “que dieron cuenta de los hechos”, entre otros elementos probatorios.

“Las personas que han presentado su declaración informativa en calidad de testigos nos han dado parámetros suficientes para establecer la participación de los jefes policiales de las Fuerzas Armadas también de la Policía y de la señora Jeanine Áñez”, explicó.

Aseveró que en la etapa preparatoria el Ministerio Público ofreció aproximadamente 17 testigos en el pliego acusatorio.

En esa acusación, además de la exmandataria de facto, también está el excomandante de la Policía, Yuri Calderón; el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, y el alto Mando Militar que coadyuvó a que Áñez asuma el gobierno en 2019.