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El líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cuestionó y acusó al Gobierno de “engañar” a la población llevando adelante una reforma de la justicia con los mismos “operadores obsecuentes” que están poniendo en riesgo el Estado de derecho y la democracia.

El político recordó que el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos han sostenido que el sistema judicial en Bolivia “no es independiente” y que exige una reforma.

“Comité de las NNUU y el GIEI, afirman en que el sistema judicial en Bolivia no es independiente. Jueces y fiscales masistas ponen en riesgo el Estado de Derecho y la propia democracia, y el partido del fraude sigue engañando con una reforma con los mismos operadores obsecuentes”, sostuvo Mesa a través de su cuenta de Twitter.

El informe del Comité de la ONU elaborado por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, refiere “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.

De la misma manera, los expertos del GIEI advirtieron que en Bolivia no hay un sistema judicial independiente tampoco el Ministerio Público, por lo que urge trabajar en la reforma de todo el sistema.

El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó en enero una “ruta crítica” de seis pilares para concretar la reforma judicial.

En esa oportunidad dijo que el plan consta de una etapa preparatoria, un periodo de presentación de propuestas y mesas de trabajo, sistematización y conclusiones, para luego pasar a poner “fechas y presupuestos” a la reforma. Este plan se podría implementar en 90 días.

La administración de justicia por los actuales operadores de justicia y el Ministerio Público son objeto de críticas y observaciones, la oposición los acusa de haberse convertido en instrumentos de persecución política.