Recuerdan a cívicos autodeclarados perseguidos que el 2019 fueron promotores de persecuciones y violaciones a los DDHH
Quispe “Toda vez que estos señores, así como el señor Marco Pumari, tienen deudas pendientes con la justicia y debe afrontarlas como corresponde”
La diputada Gladys Quispe (MAS) recordó este lunes a cívicos que se autodeclararon perseguidos políticos, que fueron los principales promotores de los actos de violencia, racismo, persecución y aprehensiones indebidas, antes y durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.
“En el gobierno de Jeanine Áñez, cuando este señor (Marco Pumari) era dirigente cívico, realmente no había respeto a los derechos humanos, no había la atención médica permanente y se persiguió a la gente, no solo se quemó el Tribunal Electoral Departamental de Potosí, sino también viviendas de particulares, se secuestró y torturó a ciudadanos potosinos”, recordó.
Reprochó que los mismos dirigentes cívicos promotores de la violencia el 2019, ahora hablen de respeto a los derechos humanos, cuando ellos no tuvieron reparo en atentar contra la vida de dirigentes del Movimiento Al Socialismo y de sus familias.
“Nosotros, cuando escuchamos esos temas, que ellos alegan que se les estaría vulnerando los derechos humanos, ¿qué es lo que han hecho ellos cuando eran cómplices del gobierno de facto?, primero hay que hacer remembranza, al parecer estos señores sufren de amnesia, hay que recordarles todo lo suscitado y vivido el 2019”, resaltó.
Dijo que todos los dirigentes políticos que actuaron y respaldaron el golpe de Estado y, por consiguiente, la violación de los derechos humanos de miles de bolivianos deben responder ahora ante la justicia.
“Toda vez que estos señores, así como el señor Marco Pumari, tienen deudas pendientes con la justicia y debe afrontarlas como corresponde”, subrayó.
El informe del Grupo Independiente de Expertos Internacional (GIEI) identificó violaciones serias y reiteradas a las garantías de personas procesadas durante el régimen de facto.
“Hubo una espiral de violencia que empezó con los movimientos de paro cívico y bloqueos, los cuales resultaron en limitaciones abusivas de libertades y otros derechos fundamentales. Esas actuaciones fueron estimuladas por líderes políticos y autoridades públicas regionales vinculadas a la oposición al gobierno del MAS”, señala el informe.
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