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Caso consorcio: detención domiciliaria para Iván Campero, mientras la justicia se acomoda para blindar al poder

El magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero, fue beneficiado con una orden de detención domiciliaria en el marco del caso consorcio, que investiga una presunta red de manipulación judicial. La decisión fue asumida en una extensa y polémica audiencia de medidas cautelares que se extendió hasta la madrugada del viernes.

Campero fue aprehendido el martes, tras presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público por los delitos de tráfico de influencias y consorcio entre jueces, fiscales y abogados. Se lo acusa de intentar ocupar el cargo de la magistrada titular Fanny Coaquira, mediante un fallo presuntamente irregular emitido por el juez Fernando Marcelo Lea Plaza.

Este caso no solo expone los vicios del sistema judicial, sino que salpica directamente al gobierno de Luis Arce. El exministro de Justicia, César Siles, aparece involucrado en las investigaciones y ya guarda detención en celdas policiales, a la espera de su declaración.

Siles renunció el 13 de junio, anticipando en su carta que era objeto de “rumores y acusaciones sin pruebas”, aunque un día después se filtró un audio que lo involucra con el juez Lea Plaza, actualmente detenido, en una supuesta operación para destituir a Coaquira y permitir que Campero asumiera el cargo.

Pese a la gravedad del contenido, Siles aseguró que el audio fue manipulado y culpó a “intereses políticos” vinculados a Evo Morales por el escándalo. No obstante, desde distintos sectores se cuestiona la pasividad del gobierno ante la corrupción dentro de su propio gabinete y se teme que la justicia termine siendo nuevamente utilizada para encubrir a sus aliados.

Aunque el caso fue declarado en reserva, el rumbo que están tomando las medidas cautelares sugiere que se prepara un camino legal más indulgente también para el exministro. Todo apunta a que, más que buscar verdad y justicia, el sistema intenta salvar a los suyos.