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El Gobierno vulneró la Ley 1341 de Estados de Excepción, al movilizar tropas militares sin cumplir con el requisito constitucional de declarar previamente un estado de excepción. Esta ley fue promulgada en julio de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de ese año. Según el abogado Omar Durán, este incumplimiento abre la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por ordenar la intervención militar en conflictos sociales sin la base legal correspondiente.

“Se abre la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra el presidente; puede ser ahora mismo con lo que se tiene en el Congreso, porque el proceso tomará tiempo. Aunque lo ideal sería cuando deje el cargo”, señaló Durán, especialista en temas militares.

El pasado 7 de junio, cuando el bloqueo impulsado por sectores afines al expresidente Evo Morales ya llevaba una semana, el presidente Arce ordenó la movilización de efectivos militares. Primero fue en la localidad cochabambina de Vinto, y el 11 de junio, el mandatario confirmó en conferencia de prensa que instruyó el despliegue militar en otros puntos conflictivos, sin haber declarado estado de excepción.

La Ley 1341, en su artículo 20, es explícita: “Sólo podrá disponerse la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y control de disturbios civiles, mediante la declaración de Estado de Excepción por Conmoción Interna, siempre que la Policía Boliviana hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

Durán identificó posibles delitos cometidos por las autoridades: resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, e incumplimiento de deberes. “El presidente y el ministro de Defensa son los responsables directos de este proceso”, sentenció.

La Constitución (art. 137) también respalda esta exigencia, facultando al presidente a declarar estado de excepción sólo cuando la Policía haya sido sobrepasada. Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió con ese paso obligatorio.

La Ley 1341 tuvo un recorrido conflictivo: fue rechazada inicialmente por la expresidenta Jeanine Áñez y sólo se promulgó gracias a la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, mediante Eva Copa como presidenta del Senado. El gobierno transitorio intentó bloquear su vigencia al impedir su publicación en la Gaceta Oficial, pero esta finalmente fue publicada el 29 de octubre de 2020, ocho días antes de que Arce asumiera el poder.

Hoy, esa misma ley incomoda al actual Gobierno, que optó por ignorarla, demostrando que el respeto al marco legal es relativo cuando se prioriza el control político y militar del conflicto.