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El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, criticó abiertamente las decisiones judiciales que otorgaron arresto domiciliario al magistrado suplente Iván Campero y al abogado José Ramiro Uriarte, implicados en el escandaloso “caso consorcio”, una investigación por presunta manipulación de fallos judiciales. La Fiscalía ya apeló estas resoluciones, que han generado indignación en amplios sectores.

“Respetamos las decisiones jurisdiccionales, pero no las compartimos. Hemos presentado la apelación correspondiente y esperamos que una sala penal actúe con la rigurosidad que este caso amerita”, afirmó Mariaca. Campero fue beneficiado con arresto domiciliario y escolta policial, mientras que Uriarte, pese a la gravedad de los hechos, obtuvo arresto domiciliario sin vigilancia y con derecho a trabajar.

A diferencia del tibio accionar del Gobierno, que ha evitado pronunciarse de fondo sobre el escándalo, el Ministerio Público —bajo la dirección de Mariaca— ha impulsado la aprehensión de cinco personas.

Entre ellas, el juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, con detención preventiva por 180 días en el penal de San Pedro; y la vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, con 120 días de detención preventiva, actualmente internada en una clínica por orden judicial.

Además, se ejecutó la orden de aprehensión contra el expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, quien en breve deberá declarar ante la comisión de fiscales.

El caso estalló tras la revelación de un audio en el que se evidencia una supuesta conspiración para destituir irregularmente a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, y favorecer a su suplente, Iván Campero. Por este motivo, también fue aprehendido el exministro de Justicia, César Siles, cercano al Ejecutivo, quien está vinculado al audio y permanece en celdas de la FELCC.

“Casi todas las personas involucradas, según la comisión fiscal, ya se encuentran aprehendidas o con medidas cautelares. La investigación continúa en reserva”, concluyó Mariaca, quien, pese a las presiones, mantiene una línea firme contra la corrupción judicial.