Video

El ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), Herny Nina,  rechazó este martes la anunciada demanda de inconstitucionalidad a la Ley que fijó un plazo de 90 días para la realización de las elecciones generales como manda la Constitución Política del Estado, y exigió al gobierno de facto cumplir la nueva norma.

“Rechazamos la demanda de inconstitucionalidad anunciada por este gobierno de facto de la señora Jeanine Añez y pedimos que cumpla la Ley 1297 de elecciones nacionales que establece un plazo de 90 días para las elecciones” señaló Nina.

Por su parte, la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas) resolvieron exigir al gobierno transitorio de Jeanine Añez, que se ocupe únicamente de la no propagación del coronavirus en el país y se abstenga de comprometer medidas económicas, políticas, sociales en los meses que le queda, toda vez que las nuevas políticas deben ser asumidas por el próximo gobierno elegido democráticamente en las urnas.

Asimismo, ambas organizaciones sociales, por separado, rechazaron cualquier intento de cerrar la Asamblea Legislativa, la persecución política en vulneración de la libertad de expresión y se evite cualquier acción que vaya contra la democrática decisión de los bolivianos de acudir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades nacionales lo antes posible.

La exigencia también va a los órganos del Estado y a las instituciones que deben hacer cumplir el calendario electoral establecido en la norma, la misma señala que los comicios deben realizarse en 90 días a partir del 3 de mayo.

A juicio del dirigente, de los interculturales Herny Nina, el gobierno de facto pretende utilizar la pandemia del coronavirus para prorrogarse en el poder, para seguir saqueando al país: “Nosotros necesitamos un gobierno constitucional elegido por el pueblo para salir de esta crisis económica y de esta pandemia”.

La Ley 1297 fue aprobada por los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y promulgada por la presidenta de la ALP, Eva Copa, lo que generó una ola de críticas por parte del facto, que anunció demandas ante el Tribunal Constitucional para paralizar las elecciones./////