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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no puede ir en contra de la Constitución Política del Estado, por lo que no debe aceptar que exista otra ampliación en los tiempos establecidos por el Órgano Electoral para realizar los comicios generales, explicaron por separado los abogados constitucionalistas, Iván Lima y Franklin Gutiérrez. 

En entrevista con radio San Gabriel, el jurista recordó que la normativa estipula 90 días para que un gobierno transitorio lleve adelante elecciones, acto que debió realizarse el pasado 3 de mayo pero fue postergado debido a la pandemia del coronavirus. 

“En su texto el Tribunal Constitucional dijo por única vez, exclusivamente esta vez y resaltó que no iba a ampliar más, que no iban a haber ampliaciones futuras. Ya ha establecido que el gobierno transitorio no puede ser un gobierno eterno, definitivo, ya nos dijo que estábamos en exceso de plazo”, manifestó. 

La semana pasada la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la ley que estipula a las elecciones en los próximos 90 días, fecha que debe ser elegida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, la presidenta transitoria Jeanine Añez rechazó la norma sin justificación válida, por lo que el parlamento promulgó la ley en el marco de sus facultades atribuidas por la misma carta magna boliviana. 

Pese a ello, el Gobierno transitorio anunció que recurrirá al TCP en contra de la ley promulgada con el objetivo de que evite elecciones generales en un plazo de 90 días como máximo. 

“No hay la posibilidad de que se dé una resolución en contra. El Tribunal Constitucional debe respetar la Constitución y la Constitución dice que la transitoriedad dura 90 días, excepcionalmente unos días más para las elecciones, pero no puede ser indefinida, ese es el derecho boliviano”, remarcó Lima. 

A su turno, el también constitucionalista Franklin Gutiérrez explicó que los 90 días establecidos por la ley para llevar adelante los comicios, además de estar establecido por la Constitución, es el tiempo solicitado por el TSE y será este ente el que decida cuándo se llevarán a cabo siendo que ya tienen 45 días avanzados en el marco del proceso electoral. 

De no cumplirse esta ley, todo el proceso eleccionario avanzado a la fecha quedaría nulo, por lo cual significará un gasto económico para el país, replantear el proceso electoral (ya que iniciaría de nuevo) y postergar los comicios posiblemente hasta el próximo año. “Son las autoridades electas (del Tribunal Supremo Electoral) y no cuestionadas hasta el presente, las que han emitido todo el procedimiento electoral”, aseveró. 

Al respecto, el presidente del TSE, Salvador Romero, dijo en distintas ocasiones que esa instancia acatará lo que determine la Asamblea Legislativa y que tiene posibilidad de realizar los comicios incluso en junio del presente año. 

Mientras tanto el gobierno de Añez insiste en no aceptar la ley con el pretexto de que sería un peligro para la salud, cuando existen ejemplos del proceso en otros países como Corea del Sur, Israel, Italia, y otros donde millones de personas acudieron a las urnas con las medidas de bioseguridad adecuados.