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La noticia se conoció gracias a la publicación de la agencia de prensa del Vaticano que cuestiona duramente la firma de 59 países, entre los que está Bolivia, de la Declaración Conjunta para promover el aborto en tiempos de pandemia.

Activistas pro vida y candidatos de diferentes partidos expresaron su sorpresa ante la noticia que reveló la agencia oficial del Vaticano, que hace referencia a que la semana pasada 59 países firmaron una declaración conjunta para la “protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos” (eufemismo que encubre la anticoncepción y el aborto a decir de los denunciantes) y la promoción de “la sensibilidad de género” como respuesta a la pandemia del coronavirus.

“A medida que nuestra cadena de suministro nacional e internacional se ve afectada por esta pandemia, nos comprometemos a proporcionar a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva productos de salud reproductiva. Y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que garanticen el acceso total y sin trabas a todos los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas”, dice la declaración emitida el 6 de mayo y que puede encontrarse en varios sitios web gubernamentales como el del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, su homólogo en Canadá, el Global Affairs Canadá, entre otros.

El texto, que fue firmado por 39 ministros de Relaciones Exteriores en nombre del “pueblo y gobiernos de 59 naciones”, se titula “Joint statement on Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender-responsiveness in the Covid-19 crisis”.

Entre los países latinoamericanos que firmaron el documento se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Perú.

Coincidentemente en este último país, la semana pasada, varios líderes próvida y médicos denunciaron que el ministro de Salud, Víctor Zamora, aprovechó la crisis del coronavirus para impulsar el aborto a través de la directiva sanitaria 094-MINSA/2020/ DGIESP, con la que se permite el aborto cuando la madre tiene coronavirus.

“Han sido 59 países que han firmado y por Bolivia firmó (la canciller ) Karen Longaric, yo como ciudadana pro vida, como miembro de la plataforma del mismo nombre y como candidata, rechazo totalmente este acuerdo, Bolivia es un país pro vida, nuestra Constitución Política defiende la vida, el código niño, niña adolescente defiende la vida, hay muchas normas, leyes y pactos que nos llaman a defender la vida, por eso esta es una firma (del Acuerdo o Declaración Conjunta) totalmente inconstitucional e ilegal”, criticó Gaby Peña, presidenta de la plataforma Por la Vida y la Familia, en Santa Cruz y también candidata a senadora por la agrupación Creemos.

Para Peña, esta participación del país en un tema tan sensible como lo es el aborto es un total atropello, toda vez que estamos en medio de una pandemia donde lo que se busca es proteger la vida y la salud de todos los bolivianos. Además, señaló que no es un momento para hablar de la salud sexual, sino de aunar todos los esfuerzos en equipar hospitales, comprar medicamentos y reforzar lo más que se pueda el sistema de salud.

Asimismo, tildó de “fuera de lugar” que un gobierno de transición tome decisiones tan importantes como lo es adherirse a una declaración conjunta pro abortista, cuando ello no le compete.

Es totalmente fuera de lugar que un gobierno de transición haga este tipo de acuerdos, no podemos, no está bien, además me llama la atención bastante porque en algún momento la presidenta (Jeanine Áñez) ha manifestado ser pro-vida, entonces no podemos estar avalando estos acuerdos, hay que ser consecuente en nuestras acciones, no podemos decir una cosa y hacer otra.

Esto está totalmente fuera de foco, está en contra de la salud, contra de la Constitución y está fuera de lugar en un gobierno de transición”, concluyó a la par de cuestionar también que el país tomó conocimiento de este acuerdo a través de una nota de prensa extranjera y no así mediante las agencias oficiales.

“Estamos como el anterior gobierno, haciendo las cosas entre gallos y medianoche sin consulta previa”, aseveró.

La declaración conjunta, además, señala que ante la “amenaza sin precedentes” de la pandemia de coronavirus, que se originó en Wuhan, China, se “requiere solidaridad y cooperación entre todos los gobiernos, científicos, actores de la sociedad civil y el sector privado”.

Por tanto “la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar un aumento de la mortalidad materna y neonatal, una mayor necesidad insatisfecha de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual”, prosigue. Luego, se vuelve a poner énfasis en que “las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y la protección contra la violencia de género, deben priorizarse para garantizar la continuidad”.

Al final de la declaración, se informa que los países firmantes acogen “con beneplácito los esfuerzos multilaterales” de las Naciones Unidas (ONU), incluidos el UNFPA y ONU Mujeres, la OMS, el Banco Mundial y el FMI, “hacia una respuesta coherente y global al Covid-19”.

Sobre este último punto, Gabriela Selada, miembro de la plataforma Respeto a la Vida, dijo que quizás la firma de esta declaración podría ser parte de las exigencias que siempre vienen de la mano de entidades como el FMI que recientemente otorgó un crédito al país. “Cuando se aceptan créditos de ciertas instituciones, siempre ellos tienen exigencias y no es algo extraño que el FMI sea impulsor de temas abortistas, ahora habrá que ver si la señora Longaric sabe que, aunque este tema sea una exigencia de los que ponen la plata, va en contra de la Constitución Política del Estado. En la misma línea, Erika López, representante de la agrupación Vida desde la Concepción, lamentó que el gobierno no solo haya firmado esta Declaración Conjunta, sino que también lo haya ocultado al país, ya que se conoce de la misma tres días después y a través de una agencia extranjera.

“Obviamente no lo hicieron público porque no es algo legal, están igual o peor que el gobierno anterior, esperamos que las autoridades den un informe claro sobre el tema y del porqué se unieron a este acuerdo” apuntó. Este acuerdo o “Declaración Conjunta ha sido además duramente criticado a nivel mundial, donde agrupaciones como la C-Fam, de EEUU, lo han cuestionado y además han añadido que esto forma parte del plan de la ONU para introducir el aborto legal a los diferentes países".