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No solo cuestionamientos internos desató la norma aprobada por el gobierno de Jeanine Áñez para restringir con amenaza penal la libertad de expresión, sino también de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y en las últimas de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde la Relatoría de la CIDH, Edison Lanza informó que ya envió una nota al Gobierno para hacerle conocer la necesidad de que debe adecuar sus normas nacionales a las normativas internacionales en materia de derechos humanos, como la libertad de expresión.

“No es compatible con sistema Interamericano uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública”, escribió Lanza en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter frente al decreto que también es objeto de críticas internas de sectores como los gremios de la prensa.

Desde @RELE_CIDH envié nota al gob. de #Bolivia sobre deber de adecuar normas internas. No es compatible con sistema Interamericano uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con accesó a información pública: https://t.co/cZY75Bgi0e— Edison Lanza (@EdisonLanza) May 12, 2020

En la disposición adicional única del decreto 4231, referida a ampliar la gratuidad para los tratamientos contra el cáncer, se establece: “Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Como sucedió con Lanza, el director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró que el gobierno de Áñez usa el COVID-19 para “pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”.

“El nuevo decreto de @JeanineAñez prevé cárcel para quien escriba o difunda un comentario o un trabajo artístico que “genere incertidumbre” sobre temas de salud. Eso es usar covid 19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”, observó el director de la organización de defensa de los derechos humanos.

Desde el ámbito político y de los derechos humanos, también se criticó la normativa aprobada el 7 de mayo. En un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó de su “profunda preocupación” por la ampliación de las restricciones a la libertad de expresión en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en el país.

La ANP “hace pública su profunda preocupación por el contenido del Decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia”, señala el documento.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, respondió ante las críticas que la norma no afecta a la prensa, ya que está vigente la Ley de Imprenta.///