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La Defensoría del Pueblo demandó este miércoles la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio por Covid-19 que enfrenta esta población.

“Es innegable y apremiante que el Estado debe extremar medidas para garantizar la salud, asistencia sanitaria, acceso a la alimentación, medicamentos e implementos de bioseguridad, ante el peligro de graves y sobrevinientes situaciones emergentes del COVID-19”, recomendó la titular de esa instancia, Nadia Cruz. 

Se señala que el Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y Régimen Penitenciario no están asumiendo con diligencia y responsabilidad su obligación de descongestionar las cárceles.

Los internos del penal de Palmasola de Santa Cruz realizaron protestas por la falta de atención médica en ese recinto, ante el fallecimiento de un reo infectado con coronavirus y la existencia de otros casos sospechosos.

En los últimos 5 años, a finales de cada gestión, el Órgano Ejecutivo emitía decretos presidenciales de amnistía e indulto con la finalidad de controlar la cifra de internos en las cárceles de país; sin embargo, en la gestión 2019 se ha dejado de lado la aplicación de esta medida y actualmente existe un hacinamiento de 212 por ciento, de acuerdo a la Defensoría.

“La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y en calidad de autoridad nacional de protección de Derechos Humanos, hará conocer al Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH la infortunada situación de las personas privadas de libertad en el país, ante la crisis epidemiológica”, enfatizó la Autoridad.///