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El máximo órgano sindical del país lamentó que “el Gobierno de transición no escuche al pueblo”, porque toma medidas que contradicen las aspiraciones de los bolivianos.

La Central Obrera Boliviana (COB) exigió este miércoles la abrogación del Decreto Supremo 4231 por considerar que atenta contra la libre expresión de los medios de comunicación y cuestionó la aplicación de algunas medidas como el uso de los transgénicos y falta de respecto a la ley de parte de la ASFI.

"Se pide y exige la derogación y abrogación del Decreto Supremo 4231 del 7 de mayo, por vulnerar la garantía y derecho a la comunicación pública de las organizaciones periodísticas (..). El Gobierno central no puede crear por decreto nuevos tipos penales que solamente generan zozobra y malestar en la ciudadanía, los mismos que son actos propios de una dictadura", señala parte del pronunciamiento que emitió la COB.

El órgano sindical aseguró que "lamentablemente el Gobierno de transición no escucha al pueblo, debido a que se observa que emite decretos supremos que contradicen el sentir de los bolivianos, además de la vulneración de los derechos humanos y constitucionales, como la libre expresión, el derecho a vivir sanamente y con producción que no sea transgénica y así la salud de los bolivianos no se deteriore más”.

La COB también criticó que no existan normas claras y que por eso la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se atreva a “violar las leyes, al intentar obligar a que las personas paguen sus préstamos a las entidades financieras”.

"La COB exige, a nombre de los trabajadores, a los gobernantes anular, abrograr y derogar normas observadas y generar de manera urgente políticas económicas para los más humildes y soluciones a los problemas", demandó organización en una resolución.

Por otro lado, convocó a las confederaciones y federaciones departamentales a recabar, centralizar de manera física y digital las vulneraciones a los derechos constitucionales.

Entre ellas, solicitó informar sobre despidos injustificados en empresas o instituciones; si se cerraron empresas o instituciones; si se procedió a la rebaja salarial; si se vulneró la Ley General del Trabajo, y si se implementó la dotación de insumos de protección personal y de bioseguridad para los trabajadores.