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El Cónsul General de Bolivia en Barcelona, David Pareja, reveló en entrevista con un medio nacional, conocer con anticipación que existía otra oferta por la mitad del precio en la compra de los 176 respiradores de España, y que informó de dicha situación a la Canciller Karen Longaric. 

Este hecho conocido como “omisión” en las leyes bolivianas, de no hacer algo frente a un posible hecho de corrupción de ambas autoridades ya generó un daño económico al Estado por un monto de 3.000.000 de dólares.

La trama se complica cada día más, ahora sale a la luz pública otro escándalo de clanes familiares dentro de las instituciones del Estado. 

El Cónsul General de Bolivia en Barcelona-España, David Pareja, quien además es hijo de la candidata de la agrupación JUNTOS, Ruth Lozada, y sobrino del presidente de la Aduana Nacional, Alberto Lozada. 

Pareja reveló que él alertó a la Canciller Longaric, antes de la compra, que existía una empresa que ofrecía a menor precio por la compra de los respiradores, que visitó la fábrica donde se producían dichos equipos y que facilitó un espacio dentro de la misma embajada para que la empresa pueda realizar el proceso de venta.

Estas declaraciones afectan directamente a la Canciller, quien deberá informar sobre su participación y quien pone como excusa que se enteró del informe que le envió su Cónsul hace ya más de 10 días y que se enteró de dicha carta oficial por las redes sociales.

Lo cierto es que la ministra Longaric, después que se descubrió el escándalo de corrupción, respondió a dicha carta con carácter una nota URGENTE, con 8 días de retraso, que afirma desconocer lo que su propio funcionario hacía, por lo que ésta “omisión” en el cumplimiento de sus funciones, generó al Estado un daño económico de 3.000.000 de dólares. 

La Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, determina en el capítulo 5 su artículo 31:

"La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los siguientes preceptos: a. Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implantados en la entidad".

Es decir, que la canciller Longaric, por no saber lo que pasa en su ministerio, y David Pareja, que conoció de antemano un precio inferior para la compra de respiradores, cometieron el delito de omisión, lo que se constituye en responsabilidad civil.///