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La empresa española IME Consulting se manifestó este jueves sobre la venta con supuesto sobreprecio de los 170 respiradores de origen español, operación en la que participó como intermediaria de distribución. Negó que haya habido una venta con precio excedente de los equipos médicos, y reveló que un señor "de apellido Humerez" había pedido “un aporte” que fue rechazado.

"Ningún funcionario del Gobierno (boliviano) pidió absolutamente nada por la compra y ningún empresario ni representante de la distribuidora o la fábrica ofreció "comisión alguna", afirmó la empresa, a través de una nota de prensa, en la que asegura que "un señor de apellido Humerez pidió un aporte que fue rechazado con firmeza".

Después de que se reveló la compra con aparente sobreprecio de los ventiladores, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y dos funcionarios de la cartera de Estado que administraba fueron enviados al penal de San Pedro con detención preventiva.

En ese ínterin apareció el empresario Luis Fernando Humérez, quien primero se presentó como "testigo clave" y sostenía que el Gobierno había sido engañado en su buena fe, pero que después pasó a acusado y fue encerrado con detención preventiva.

IME Consulting también reveló que el 7 de mayo recibió la solicitud de cotización de las unidades a través de una nota dirigida por el entonces director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, quien en la actualidad está detenido.

El intermediario sostuvo que más tarde la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem) tomó contacto con IME para solicitar información técnica y de logística de transporte para proceder con la compra.

Sobre el precio, IME Consulting sostuvo que cada unidad costó 26.000 dólares "más un 8% incluido por el Gobierno boliviano, pues debían retener esa cantidad como garantía de cumplimiento del contrato”.

Con relación al costo de adquisición de fábrica, el intermediario indicó que los equipos, “con todo y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento, fue de 14.790 euros y no los 6.500 que se informaron”.

Al conocerse la supuesta compra con irregularidades, se supo que el fabricante de los respiradores, GPA Innova, había vendido los equipos a un distribuidor a 6.600 euros por unidad con accesorios.

La compañía aseguró que le comunicó al Gobierno que está dispuesto a renunciar a sus márgenes de utilidad para que los equipos comiencen a ser utilizados, “pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta”.////