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El 12 de junio de 2020, un grupo de personas de la población de Macha, en la provincia de Chayanta del departamento de Potosí quemaron parte de la vivienda de la asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Miriam Vargas, lo que desató una ola de críticas de los ahora parlamentarios oficialistas y autoridades del Ejecutivo, entre ellos el diputado “demócrata”, Gonzalo Barrientos.

“Quiero denunciar actitudes criminales y delincuenciales por parte de dirigentes del MAS que anoche han incendiado la casa de una asambleísta en Macha”, salió a decir ante los periodistas el parlamentario de Potosí.

De forma separada, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, también condenó la agresión, “la coerción y las malas prácticas de la política del siglo XX, que es la ejerce la gente del MAS, no la vamos a permitir”.

Los pobladores de Macha aseguraron que la asambleísta debería actuar conforme lo señalan sus bases, a quienes dice representar y no actuar por voluntad propia, específicamente en el caso de la ratificación del gobernador interino Omar Veliz, quien reemplazó a Juan Carlos Cejas, tras las agresiones que sufrió su familia en noviembre pasado.

Ambos políticos, que ahora hacen escarnio de la actitud de la gente de Macha no recuerdan o ya olvidaron lo ocurrió entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019, cuando grupos – utilizando las palabras de Barrientos, “delincuenciales y criminales” – atacaron las viviendas del presidente de la Cámara de Diputados de entonces, Víctor Borda y el ministro de Minería, César Navarro y guardaron un silencio cómplice.

Pero la incineración de viviendas de autoridades del MAS, en noviembre pasado, no solo se circunscribe al departamento de Potosí, a ellos se debe sumar el incendio de la residencia del gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez; del senador por Chuquisaca, Omar Aguilar y del exsenador cruceño, Félix Martínez, en ninguno de esos casos se escuchó el repudio y condena de los “demócratas”, que ahora cuestionan la reacción de la población de Macha, cuya opinión no fue tomada en cuenta por su representante en la Asamblea Departamental de Potosí.

Otro incidente que fue altamente criticado por los “demócratas”, entre ellos el ministro de Gobierno, Arturo Murillo y la propia presidenta transitoria, Jeanine Añez, fue el hostigamiento que sufrieron periodistas en la población de Entre Ríos en el Trópico de Cochabamba, donde un equipo de la red Unitel y la corresponsal del diario El Deber tuvieron que ser evacuados por la Policía.

No recuerdan que entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre de 2019, antes de que asuman el poder en el país, hubo 64 agresiones a periodistas por los grupos movilizados en contra de los resultados de las elecciones.

El 31 de octubre, el camarógrafo de Gigavisión Daynor Flores fue alcanzado por una dinamita, el 7 de noviembre al menos 13 periodistas de Cochabamba fueron víctimas de agresiones y amenazas del llamado grupo de “motoqueros”, mientras que dos días después, las señales de la televisión y la radio estatal fueron silenciadas y sus periodistas perseguidos y acosados.

En Oruro, las instalaciones de la radio y televisora Mega fueron incendiadas el 10 de noviembre y ese mismo día en Santa Cruz, radio Ichilo corrió la misma suerte, en la víspera de esa jornada el director de radio Comunidad y del semanario Prensa Rural fue agredido y atado a un árbol.

Las agresiones continuaron después de posesionado el nuevo régimen, sobre todo a medios de prensa argentinos y prohibiendo la emisión de cadenas informativas como Telesur y Rusia Today, a dos días de asumir el cargo, la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga amenazó con procesar por sedición a los profesionales de la comunicación.

El silencio cómplice se mantuvo durante esas agresiones, situación diferente a la que ocurrió hace un par de días.////