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“Nunca antes en la reciente historia democrática, un gobierno logró generar la mayor condena internacional y observación por violación a los derechos humanos de parte de personalidades, instituciones y organismos internacionales como lo hizo el gobierno de Jeanine Áñes”, Luis Vázquez Villamor, abogado y senador del MIR de Jaime Paz Zamora, quien ayudó a Jeanine Áñez a autoproclamarse forzando la interpretación de normas y leyes.

Mientras organismos internacionales alertan de casos de corrupción y violación a los derechos humanos; el Gobierno transitorio protagonizó nuevo asedio y hostigamiento a la Embajada de México, ubicada en la Rinconada de la ciudad de La Paz,  donde se encuentran asiladas exautoridades de la gestión pasada.

Aproximadamente 200 efectivos policiales se movilizaron en la residencia del Embajador, los uniformados se apostaron en los alrededores de la residencia diplomática, según se mostraron en las fotografías difundidas por las redes sociales.

Los policías se encontraban armados, con perros policiales y con artículos antimotines, similar a los hechos ocurridos a finales de diciembre del 2019 y principios de enero de este año, donde se mostró un amedrentamiento no sólo de los efectivos sino de un grupo de militantes a fin a la actual gestión transitoria, que se retiró la semana pasada con el argumento de que fueron “engañados”.

El acoso contra los diplomáticos mexicanos y las ex autoridades, se da en medio de críticas a la gestión transitoria por su manejo ineficiente de la pandemia COVID-19 y el despido de trabajadores tras el cierre de tres ministerios que dejó a mas de un centenar de personas sin una fuente laboral.

Ante el movimiento inusual de los efectivos, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaria, justificó, mediante twitter que se tratan de operaciones rutinarias.

SERIAS CONSECUENCIAS

Entretanto, el abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor advirtió que las observaciones de parte de los organismos internacionales sobre violación a los derechos humanos y los actos de corrupción cometidos por el gobierno de transición durante la cuarentena, traerán serias consecuencias para el nuevo gobierno de Bolivia ante los organismos de crédito internacional.

Indicó que nunca antes en la reciente historia democrática, un gobierno logró generar la mayor condena internacional y observación por violación a los derechos humanos de parte de personalidades, instituciones y organismos internacionales.

Citó las críticas del Secretario General de las Naciones Unidas, La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Human Rights Watch (HRW) que su turno denunciaron al gobierno transitorio por violar derechos fundamentales.

“Actualmente somos un país condenado por estos organismos internacionales como violador a los derechos humanos y la mayor parte de las amenazas vino del Ministro de Gobierno Arturo Murillo”, indicó Vásquez.

Alertó que solo una copia del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en contra Bolivia, ante algún organismo de financiamiento internacional, puede bloquear al próximo gobierno en su intención de solicitar créditos para atender la crisis económica que dejará la pandemia.

Manifestó que el estado de excepción no permite a los gobiernos crear delitos como lo hizo la gestión transitoria, restringiendo la libertad de locomoción, amenazando a las personas con procesos por desinformación y promoviendo detenciones indebidas de personas a título de infracción a las normas de la cuarentena.

“Delito sólo puede ser creado por una ley y el único organismo en crear delitos es la Asamblea Legislativa, por tanto, se han cometido una serie de atropellos”, aclaró el ex legislador ‘Mirista’ el MIR fue uno de los partidos políticos con más casos de corrupción en la historia reciente en Bolivia hasta la llegada de Jeanine Áñez.