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La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la omisión del Estado boliviano para establecer medidas diferenciadas para la protección de esta población frente a la COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que éste y otros aspectos que afectan a esta población, fueron incluidos en el “Informe sobre el impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”, que presentó en respuesta a la convocatoria del Relator Especial.

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“En este informe, se advierte que la Guía para el manejo del COVID-19 aprobada por el Ministerio de Salud, omite establecer medidas diferenciadas para la protección de los pueblos indígenas, y  que tampoco se cuenta con datos oficiales sobre cuantas personas pertenecientes a esta población se habrían contagiado del coronavirus”, manifestó Cruz.

En el documento remitido al Relator Especial, también se expone que el Decreto Supremo 4260 no incluye acciones específicas para estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas, limitando el acceso a la educación universal al establecer transitoriamente el desarrollo de actividades educativas sin lineamientos curriculares que se adapten a los currículos regionalizados para pueblos indígenas y según su posibilidad de desarrollar plataformas virtuales. En ese sentido, dijo, se pone en evidencia que se afecta el derecho a la educación gratuita, universal y en condiciones de igualdad y no discriminación.

La Defensora, indicó que también se advierte de un posible riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas Yuqui y Cayubaba, el primero con antecedentes de tuberculosis y fibrosis pulmonar, y el segundo, demográficamente, reducido y con procesos de aculturación. Asimismo, precisó, se hizo conocer que no se han implementado los mecanismos de prevención y protección en los ámbitos de la salud, difusión sensibilización y monitoreo, para los pueblos indígenas altamente vulnerables.

El Informe al Relator Especial, además, hace hincapié en la falta de la aprobación de un plan de contingencia para pueblos indígenas altamente vulnerables conforme establece la Ley 450, la incorporación de productos comunicacionales que difundan las acciones de prevención sobre la COVID-19 en diferentes medios de comunicación y haciendo uso de las diferentes lenguas e idiomas existentes en el país.

Con informacion de La Defensoría del Pueblo