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Se cuentan por lo menos 40 denuncias de hechos de corrupción del Gobierno interino de Jeanine Áñez en tan solo siete meses de gestión, pero los actos ilícitos desde Palacio Quemado que incidieron en la lucha contra el coronavirus como la compra con sobreprecio de 170 ventiladores, contribuyeron en gran medida a la generación de mayor cantidad de infectados con esa enfermedad en el país.

El 14 de mayo, Bolivia recibió los ventiladores como parte de la primera adquisición de equipos médicos para enfrentar la pandemia. El Gobierno pagó un total de $us 4,7 millones por los equipos sanitarios, lo que implica un precio cuatro veces superior al del valor al que se comercializan en el mercado.

La empresa catalana GPA Innova vende a $us 8194 cada ventilador mecánico básico a precio de fábrica, por lo que Bolivia debería haber pagado un total de $us 1,2 millones, aunque finalmente el gobierno desembolsó al menos $us 28 mil por cada uno.

Esos respiradores también fueron objetados por los colegios médicos. Distintos especialistas afirmaron que estos aparatos no eran para terapia intensiva sino de asistencia en emergencias, y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de Covid-19. Sin duda esto contribuyó al retraso en el tratamiento de los enfermos y por ende en mayor expansión de la enfermedad.

Este escándalo llevó a la detención del ministro de Salud, Marcelo Navajas, hasta el 20 de mayo responsable de la política sanitaria del Gobierno. Junto a él, también fueron arrestados dos consultores de la institución que financió la operación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que inicialmente había respaldado esta compra para hacer frente a la covid-19. 

Estas detenciones, que se añaden a la de funcionarios de mediano rango, se produjeron horas después de que Jeanine Áñez se viera acorralada por investigaciones periodísticas.

Otro acto de corrupción que contribuyó a la expansión del covid-19 en Bolivia es el intento de sobreprecio de $us 600.000 en insumos de bioseguridad como barbijos y guantes entre la empresa Provtec y el Ministerio de Energías. 

Según datos de esa cartera de Estado, el 31 de mayo la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dejó sin efecto la autorización DGAC/ING/151/2020, la cual autorizaba el ingreso a Bolivia de un avión procedente de China, el 1 de junio, con más de 1.400.000 insumos de bioseguridad.

De acuerdo con la investigación periodística de la red Gigavisión, la empresa en cuestión declaró en China una factura comercial de $us 1.400.000 y según la información a la cual accedió ese medio de comunicación, el Ministerio de Energías, que no tiene nada que ver con el tema de salud, habría firmado un contrato por $us 2.000.000 con la empresa correspondiente.

Raúl Bolívar Montalvo, encargado de los trámites para Al Masria Universal Airlines, reveló a Gigavisión que entre los clientes que tenía estaba el Ministerio de Energías, con una licitación ganada con la empresa Provtec. Sin embargo, el director de Aeronaútica le dijo que ese contrato había sido cancelado por el Ministerio de Energías y por eso solicitó dejar sin efecto el permiso de ingreso a Bolivia.

A todo esto se suma el hecho de que Jeanine Añez no rinde cuenta sobre los recursos económicos donados a Bolivia por diferentes países, organismos internacionales y nacionales destinados a la lucha contra la pandemia que llegan a una suma de 905,5 millones dólares.////