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La diputada opositora Lourdes Millares manifestó su extrañeza por la actitud de la presidenta de transición Jeanine Añez y del ministro de Justicia Álvaro Coimbra, de no decir nada ni querellarse hasta ahora en juicios de responsabilidades que se tramitan en la Asamblea Legislativa en contra de magistrados del Órgano Judicial por casos de corrupción.

Le parece raro que el gobierno de Añez  a título de lucha  contra la corrupción solo ataque y denuncie al Fiscal General del Estado Juan Lanchipa y no haga nada en contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA).

“El Ministerio de Justicia no ha presentado ninguna querella en contra de ninguna de esas autoridades, siendo que varias de ellas tienen juicios de responsabilidades pendientes que se están tramitando en la Asamblea Legislativa”, manifestó.

En este escenario ubica el caso del actual presidente del TSJ, Olvis Egüez, a quien Jeanine Añez en su calidad de senadora opositora, lo acusaba  de fraude en las elecciones judiciales de 2017 y pedía juicio de responsabilidades contra el magistrado Egüez.

“¿Por qué ahora desde su posición, ella guarda absoluto silencio con relación a un tema sobre el cual el Ministerio de Justicia debería pronunciarse? Entonces no es creíble que por un lado ‘se persiga’ la corrupción de un representante del Ministerio Público y solo mire la corrupción que ha hecho metástasis en el Órgano Judicial”, manifestó.

Sostuvo que en las actuales denuncias contra del Fiscal General, promovidas por un grupo de profesionales, hay una suerte de conflicto de intereses y considera que Lanchipa debería realizar una labor estrictamente institucional desde la perspectiva de perseguir al delito  y actuar en el marco de investigación idónea para establecer responsabilidades en casos que vinculen a los dos gobiernos.

Dijo que las acciones de corrupción que se han consumado al interior del actual gobierno, sumados a varios otros pendientes del anterior, han generado un escenario de ingobernabilidad, donde la Asamblea se ha convertido en una trinchera del MAS y el gobierno desde el aparato del Estado, también responde según sus propios objetivos.

En diciembre del año pasado un audio difundido en medios de la ciudad de Sucre, reveló que en las elecciones judiciales de 2017, se cometió fraude judicial para favorecer a quienes eran “apadrinados” por organizaciones indígenas afines al MAS como la Cidob.

En ese entonces, la diputada Millares pidió la intervención de Añez para promover una renuncia colectiva de los implicados entre ellos  Olvis Egüez, Carlos Alberto Egüez y Cristina Díaz del TSJ; Gonzalo Hurtado, Iván Espada y Carlos Alberto Calderón del TCP; y Elba Terceros, María Teresa Garrón y Gregorio Aro del (TA).

ACLARAN DESDE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Desde el TSJ aclararon que la mención de la diputada Millares en relación al presidente Olvis Egüez es una equivocación porque no existe ningún proceso de juicio de responsabilidades por un  tema electoral que haya cometido el actual presidente del TSJ durante la etapa de las elecciones judiciales. La oficina de Relaciones Públicas aseguró que la denuncia no tiene sustento legal contra el magistrado Egüez toda vez que la autoridad nunca fue denunciada por esos supuestos delitos ante la Asamblea Legislativa./////