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Jueces y exautoridades judiciales calificaron  de intromisión e ilegal, la disposición final segunda que figura en el Decreto Supremo  4276, emitido por el Gobierno,  que instruye al Órgano Judicial retomar sus actividades y levantar la suspensión de plazos procesales.

“Considerando que la administración de justicia es un servicio indispensable para la buena convivencia de la población, (...) el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, conforme a sus atribuciones y competencias, reanudarán sus actividades, plazos y procedimientos, conforme a su reglamentación interna, aprobada y emitida por sus instancias competentes, debiendo dar cumplimiento a los protocolos y normas de bioseguridad para prevenir el contagio de la infección por Coronavirus (Covid-19)”, señala la disposición final segunda del DS 4276.

Jueces del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que pidieron no ser identificados, cuestionaron el texto y señalaron que  carece de legalidad y atenta contra la independencia de poderes. 

La postura es asumida luego de que se denunciaran abusos y presión hacia el trabajo de los magistrados, por parte del Gobierno a través de la Policía, en casos relacionados con temas de corrupción.

Sobre el tema, Silvia Salame, expresidenta del Tribunal Constitucional,  manifestó que la disposición “se constituye, indudablemente, en una injerencia hacia otro poder del Estado. Si se planteara un recurso, se declararía la inconstitucionalidad”.

Considera que se trata de una intromisión del Ejecutivo, pese a que la disposición no da una orden específica sobre los horarios de trabajo, e incluso indica que la reanudación de las actividades del Órgano Judicial y de la Fiscalía deben realizarse a base de sus propios reglamentos.

Desde la Fiscalía General se tomó el texto como una sugerencia y se explicó que esa instancia no paralizó su trabajo y  desarrolla sus actividades por turnos.////

Página Siete