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El Grupo de Puebla, foro político y académico fundado el 12 de julio de 2019, le solicitó al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) “que analice los diversos estudios sobre el proceso electoral boliviano” y “el rol desempeñado por la Organización de los Estados Americanos (OEA)” en los comicios de 2019 “frente a las nuevas evidencias presentadas en varios estudios técnicos y académicos, y reproducidas en importantes medios de comunicación”.

Se refieren a al menos seis estudios internacionales que aseguran que no existen pruebas de fraude en las elecciones bolivianas de 2019, uno publicado en el diario estadounidense The Washington Post, en una nota firmada por John Curiel y Jack R. Williams, donde indican que “Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas” pero “nuestra investigación no encontró razón para sospechar de fraude”, con fecha del 27 de febrero de 2020.

También ratifica esta posición la nota del diario estadounidense The New York Times, “Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración”, por Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez, del 7 de junio pasado.

Otras cuatro investigaciones fueron la de Walter R. Mebane Jr. del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Michigan del 13 de noviembre de 2019, “La evidencia contra los votos fraudulentos es decisiva en la elección de Bolivia de 2019”.

Por otra parte, existen los dos estudios del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR). Uno del 12 de diciembre de 2019 titulado “Análisis preliminar de los hallazgos del informe final de la auditoría de la OEA”, y otro del 12 de junio de 2020  llamado “Observando a los observadores: la OEA y las elecciones bolivianas de 2019”; y también lo analizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), “Análisis del informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia”, del 14 de noviembre 2019.

A parte de esos informes, está la petición de respeto a las instituciones y los procesos democráticos en Bolivia, cuestionando el informe de la OEA, suscrito por 133 economistas y estadísticos de universidades de América y Europa.

Por ello, “considerando el rol jugado por la OEA en la ruptura democrática en Bolivia y en vista de las últimas actuaciones y declaraciones del gobierno de facto de Bolivia”, el Grupo de Puebla hace “un llamado a los Estados miembro de la OEA y al Consejo Permanente de la organización para que exija que se realice una investigación exhaustiva de todo lo actuado por la OEA en el contexto del proceso electoral boliviano de 2019, y en consecuencia, se procure el restablecimiento de la legitimidad democrática en Bolivia”.

Además “exige al gobierno de facto de Bolivia que cumpla con el cronograma aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para la organización de elecciones y cesen así, los intentos por impedir que el pueblo boliviano pueda elegir a sus gobernantes”. Y apelan “a las autoridades judiciales de Bolivia que termine la persecución contra ciudadanos bolivianos en base a acusaciones de fraude que han sido ampliamente desacreditadas”.

Por último, en el mismo documento, el Grupo de Puebla “exige al gobierno de facto y a las autoridades judiciales de Bolivia que abandone los intentos por proscribir al MAS sobre la base de falsas acusaciones de fraude”.