Víctimas de Senkata denuncian que no se cumple el decreto de ayuda humanitaria
El Gobierno asegura que aún no se hizo afectiva la ayuda debido a procesos burocráticos.
El directorio de la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata y la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto denunciaron este jueves el "incumplimiento al Decreto Supremo 4176 de ayuda humanitaria" para los heridos y familiares de los fallecidos durante los conflictos de noviembre de 2019, ya que hasta la fecha dicen que no se hace efectivo. El Gobierno aseguró que aún no se hizo afectiva la ayuda debido a procesos burocráticos.
“La nota ha sido presentada el 6 de junio a la señora Añez, para que cumpla el Decreto Supremo 4176. Pero hasta el momento no hay ninguna respuesta oficial respecto al cumplimiento de este decreto”, informó a Página Siete Digital el representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca.
La asociación adviertió con presentar una acción constitucional a fin de hacer efectivo el compromiso asumido con las familiares de los fallecidos, como con los heridos de la convulsión política y social que se desató después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su posterior huída del país.
En su artículo 1, el decrero firmado en febrero establece “la otorgación de ayuda social humanitaria a los heridos y familiares de los fallecidos, producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019”.
El documento también señala: “Se autoriza al Ministerio de la Presidencia, a través de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, realizar las transferencias público-privadas que correspondan, para la otorgación de ayuda social humanitaria a los familiares de los fallecidos”.
Pero además dispone los oficios de parte del Ministerio de Salud para la atención médica y la cancelación de los gastos médicos efectuados de parte de los heridos. Así como el apoyo y asesoramiento legal de parte del Ministerio de Justicia, entre otros puntos, que no se hicieron efectivos.
Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, informó a este medio que los trámites deben pasar por diversas instancias.
“Lamentablemente esta situación por estar involucrados recursos económicos, necesita pasar por un procedimiento de habilitación de partidas, (además) nos perjudicó la cuarentena. Pero ya se ha retomado, se han mandado las listas de los fallecidos y estamos esperando que se termine de hacer el estudio en el INSO (Instituto Nacional de Salud Ocupacional) para determinar el grado de invalidez”, de los heridos, ya que de acuerdo con el grado de lesión se definirá el monto de ayuda humanitaria", explicó la autoridad de Justicia.
Vargas remarcó que si bien “la entrega del dinero” no se hizo efectiva, el procedimiento ya fue iniciado.
“No se pueden emitir chequeras de buenas a primera, hay que emitir todo un procedimiento, el cual ya se ha iniciado. Nosotros estamos haciendo seguimiento como Ministerio de Justicia para ver en qué estado se encuentra, hemos estado reunidos con ellos (familiares de fallecidos y heridos)”, manifestó.
Consultado sobre el tiempo estimado para la entrega de la ayuda humanitaria, el viceministro indicó que no hay un tiempo definido. “Lamentablemente eso no tiene un plazo”, sostuvo, y agregó que el avance del procedimiento no depende únicamente del Ministerio de Justicia, ya que intervienen otras carteras de Estado, como la de Salud, Presidencia y Economía.
A más de siete meses de los hechos de violencia registrados en Senkata, no hay ni un detenido y no se registraron avances en la investigación.
“Tengo entendido que en los próximos días el Ministerio Público va a dar sus primeras imputaciones sobre los hechos de Senkata. Estamos haciendo seguimiento al avance de la investigación”, aseguró Vargas.
En medio de las protestas posteriores a la renuncia de Morales, acusado de haber gestado un fraude electoral, un grupo de manifestantes bloqueó la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata.
El 19 de noviembre un contingente militar y policial llevó a cabo un operativo terrestre y aéreo para desbloquear el sector. Pero luego de las gasificaciones, los manifestantes dinamitaron parte de los muros perimetrales de la planta.
Producto del hecho, hubo 10 fallecidos y al menos 70 heridos, además de casi un centenar de detenidos.
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