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“Estamos enfrentando una violación a los derechos humanos y la libertad de expresión”, denunció Luis Arce, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, en entrevista con la Televisión Pública Argentina. La persecución se traduce en la “arremetida” judicial contra el ex presidente Evo Morales, imputado por terrorismo, afirmó.

Arce señaló también que para las elecciones en las que competirá por la presidencia de Bolivia, previstas para el 6 de septiembre próximo, “la OEA no participará” porque “está muy cuestionada”.

La Organización de Estados Americanos ofició como veedora de los comicios del año pasado en los que Morales afirmó haber sido reelecto en la primera vuelta, pero el organismo denunció la existencia de un fraude que luego no pudo probar pero que sirvió para empujar al mandatario a la renuncia, acosado por militares, policías, dirigencia política y sindical, y medios de comunicación.

“Para las elecciones hemos pedido que se convoque a la mayor cantidad de organismos posibles”, agregó Arce, quien deberá enfrentar, entre otros contrincantes, a la presidenta que asumió el cargo tras el golpe de Estado, Jeanine Áñez, del Movimiento Demócrata Social, y a Carlos Mesa, segundo en los comicios de 2019 y ex presidente entre 2003 y 2005.

“Queremos la presencia de la mayor cantidad de organizaciones especializadas para que hagan un seguimiento, no sólo el día de las elecciones sino durante todo el proceso”, insistió, y denunció que la justicia electoral actualmente admite irregularidades, como el hecho de que el partido en el gobierno “hace propaganda”, lo cual está prohibido por la ley.

Respecto de la acusación formal que la Fiscalía de Bolivia presentó contra Morales por supuestos delitos de terrorismo, dijo que no tiene sustento, por cuanto “se responsabiliza al compañero Evo de hechos ocurridos en el país cuando él no estaba en Bolivia”.

“Tratan de embarrar y desprestigiar el nombre de una persona que no estaba presente acá; no hay debido proceso”, lamentó.

La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción en el contexto de la investigación del llamado “Caso Audio”, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado.

Finalmente aseguró que “acá en Bolivia los referentes del MAS somos sujeto de presiones constantes, yo enfrento dos juicios que me hacen en la actualidad por hechos que jamás se cometieron”.

Bolivia elegirá el 6 de septiembre al próximo presidente tras la ocupación irregular del cargo por Jeanine Áñez, quien fue posesionada por militares.