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Francia anunció la cooperación de 800 millones de euros (900 millones de dólares) a los países de Latinoamérica para la lucha contra el coronavirus, de los cuales se ha previsto que a Bolivia lleguen 100 millones de euros (110 millones de dólares) para ser destinados a programas sociales. Desde el advenimiento de la pandemia, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez recibió millonarios recursos económicos de diferentes países y organismos internacionales sin que hasta la fecha haya informado de manera transparente sobre la utilización de ese dinero.

En cuanto a la ayuda que Bolivia recibirá de Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país informó que de manera general, los recursos deben ser utilizados para asistencia de emergencia a los sistemas de salud, como también para garantizar medios de subsistencia de poblaciones indígenas y de las más vulnerables, como las mujeres, además de preparar la recuperación sostenible después de la crisis  por la enfermedad.

El 28 de abril, cuando Bolivia vivía una cuarentena rígida, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez informó que el gobierno de Áñez por entonces disponía de 100 millones de dólares en créditos y 1,5 millones de dólares en donaciones para enfrentar la pandemia. Anunció que entregaría a la Fiscalía todas las facturas y contratos sobre la compra y gastos en material médico. Sin embargo, no se pudo evidenciar si el Ministerio Público recibió las facturas.

Esa misma fecha, el titular de la Presidencia explicó que los 100 millones de dólares  procedían de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, mientras que las otras donaciones llegaron a Bolivia del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), como también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de las embajadas de Francia y Alemania y del Banco de Desarrollo de América Latina.

Núñez advirtió que serán “implacables” si se detectaran acciones irregulares en el manejo de los recursos de cooperación internacional, pues todas las compras, señaló, deben ser hechas con la “mayor transparencia” y que “no se puede ser irresponsable con el dinero de los bolivianos y mucho menos cuando estamos cuidando la salud”.

Sin embargo de esas declaraciones, en siete meses de gobierno, la administración de Áñez registró al menos 36 denuncias de corrupción, alrededor de seis por mes, de las cuales la más escandalosa fue la compra con sobreprecio millonario de 170 ventiladores que debían servir para atender a los enfermos con coronavirus y que implicó al ex ministro de salud Marcelo Navajas y a otros personeros de Estado. 

El escándalo de los respiradores estalló en mayo pasado al destaparse que el Gobierno de Jeanine Áñez pagó más de 27.000 dólares por respirador a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares. 

Por su parte, Núñez fue denunciado de haber utilizado un avión de la Fuerza Aérea Boliviana  (FAB) en plena cuarentena rígida para trasladar de manera irregular a la mis Rurrenabaque hasta la ciudad de La Paz, con los gastos que implica el transporte aéreo en Bolivia y el uso indebido de bienes del Estado.