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El ex ministro de Economía y candidato por el MAS-IPSP, Luis Arce Catacora denunció que el Gobierno interino de Jeanine Áñez extrajo el 10 por ciento de los ahorros de los trabajadores bolivianos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los entregó a los bancos privados.

“Lo último que ha hecho este Gobierno es pensar en la gente. Yo he sido sorprendido cuando el 10 por ciento de los recursos de los Fondos de Pensiones llevan a inyectar a los bancos y nadie dice nada, ni la COB (Central Obrera Boliviana) dice nada al respecto”, afirmó el postulante en el programa Detrás de la Verdad que se emite por la red televisiva Gigavisión.

El presidenciable explicó que ese porcentaje de los ahorros de los trabajadores acumulado en los Fondos de Pensiones equivale a 1.700 millones de dólares que fueron entregados a la banca privada para otorgarle liquidez.

“Este Gobierno lo que hace es favorecer al empresariado, es un Gobierno pro empresarial. Más o menos estamos hablando de 17.000 millones de dólares que tenemos en los Fondos de Pensiones en este momento, el 10 por ciento es 1.700 millones de dólares”, dijo Arce.

El índice de liquidez de un banco privado es un porcentaje matemático que refleja la cantidad de activos totales que posee la entidad en forma líquida, es decir, efectivo u otros similares. Una institución financiera debe contar con suficientes activos líquidos para cumplir con sus obligaciones sin incurrir en pérdidas y más bien continuar obteniendo ganancias. Estas incluyen elementos tales como los retiros por parte de los clientes, el pago de deudas, financiamiento de nuevos préstamos, entre otros.

La denuncia de Arce surgió ante la consulta periodística conductor del programa televisivo respecto al incumplimiento del diferimiento del pago de los intereses económicos de los créditos, debido a la pandemia del coronavirus, que otorgaron los bancos a sus clientes. 

La Ley 1294 señala que las entidades financieras que operan en Bolivia deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio, por el tiempo que dure la Declaratoria de Emergencia por el Coronavirus, pudiendo dar un lapso de hasta seis meses tras levantarse la emergencia, situación que fue ignorada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y los bancos en Bolivia. Este hecho también fue criticado por el candidato del MAS.