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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia expresó su preocupación por las declaraciones de algunas autoridades de Estado sobre desatender los requerimientos de la Defensora del Pueblo.

La Misión manifiesta preocupación por declaraciones de algunas autoridades que llevarían a desatender requerimientos de la @DPBoliviaOf. Cualquier divergencia con su titular debe canalizarse institucionalmente sin desconocer el mandato de una instancia clave para los #DDHH.— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) July 14, 2020

“Cualquier divergencia con su titular debe canalizarse institucionalmente sin desconocer el mandato de una instancia clave para los DDHH”, se lee en un tuit publicado por la institución.

El Gobierno dijo ayer que considera que Nadia Cruz ejerce el cargo de defensora del Pueblo de forma ilegal, dado que su periodo de interinato ha fenecido, por lo cual no atenderá ninguna de sus solicitudes que haga llegar al Órgano Ejecutivo. 

El viceministro Wilson Santamaría fue el encargado de explicar la posición. 

Dijo que Cruz fue elegida como defensora interina en enero y que su gestión era de 90 días y fenecía el 30 de abril, por lo cual sus actos desde esa fecha son nulos.  

DENUNCIA

La Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado, rechazó y denunció un nuevo ataque en contra de esta institución.

En ese sentido, mencionó que las declaraciones del Gobierno reflejan la pretensión de dejar al país sin Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Se le recuerda que la Defensoría del Pueblo es una institución, a nivel mundial, creada para fortalecer a los Estados de Derecho y la democracia que los sostiene, en contraposición a los gobiernos de facto al tratarse de una Institución vigilante del accionar estatal; un desconocimiento a su institucionalidad podría profundizar la crisis política y sanitaria que a la fecha vive el país”, se lee en el documento.

Indican que la intención de desconocer a Cruz como Defensora tiene como pretensión neutralizar la institución. “Al Gobierno Transitorio le incomoda verse descubierto e interpelado en las violaciones a los derechos humanos que comete; le genera molestia la existencia de una institución que no ha sido sometida por miedo o dependencia a sus pretensiones de cooptación de poder”.