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El pasado 13 de julio en su editorial titulado: “La voz embargada de 7 senadores de EEUU”, el periódico derechista Página Siete justifica y respalda las masacres de Senkata y Sacaba acontecidas en noviembre pasado, cuando 36 bolivianos perdieron la vida y cientos fueron heridos en sendas incursiones armadas de las fuerzas represoras del Estado que actuaron por instrucción de la presidente de facto Jeanine Áñez.

El editorial busca desvirtuar el pedido de siete senadores estadounidenses del Partido Demócrata, encabezados por el influyente Bernie Sanders, que denunciaron a su gobierno, los excesos cometidos por el régimen de Áñez, haciendo hincapié en las referidas masacres. El editorial ataca a estos legisladores a los que llama “progresistas” en franca alusión a la línea política del Movimiento al Socialismo (MAS), y les reclama por “un silencio cómplice ante abusos aún mayores y de mucho más largo plazo cometidos por el gobierno de Evo Morales”.

Así, afirman sin reparo que la voz de estos políticos debe estar “embargada” porque “carece de valor”. ¿Hay acaso mayor abuso o crimen que disparar a mansalva a ciudadanos indefensos? En la gestión de Morales no se registró nada ni remotamente parecido a un amedrentamiento de este calibre.

Sobre la masacre de Senkata el editorial dice; “existía un riesgo inminente de la toma de la planta de Senkata, sobre la cual los manifestantes lanzaron explosivos. El país estuvo cerca de una tragedia de grandes proporciones”, justificando así los muertos que enlutaron al país en esa ocasión. Lo que muy convenientemente obvia el texto es que varias pericias e investigaciones externas niegan que la referida movilización buscará la explosión de la planta; es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo en su informe que se han “registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, al nivel más estructural y fundamental de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país” y específicamente con lo acontecido en El Alto señala:  “Esa mañana se permitió la salida de la planta de sesenta de vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército. En los hechos resultaron nueve personas muertas por impacto de bala (…) Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos”.

Página Siete también miente sobre lo acontecido en Sacaba: “había una muchedumbre que no pensaba realizar una marcha pacífica a través de las calles de Cochabamba. Permitir su paso podría haber generado caos, saqueos y muerte”, afirma, cuando ningún medio dio antes esa versión, a todas luces una hipótesis tendenciosa, elemento totalmente ajeno a un manejo periodístico mínimamente serio y responsable.

Sobre este hecho la CIDH dice: “A la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al momento en el que los manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas. En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas”.

En su editorial del pasado lunes Página Siete no solo reafirma su parcialidad hacia ciertos sectores de la oligarquía nacional y a los partidos que los representan, sino que también evidencia racismo y una aberrante falta de respeto hacia muchas familias bolivianas que perdieron a sus seres queridos o que viven con las secuelas permanentes de los violentos y criminales hechos cuyos autores, materiales e intelectuales, aún gozan de impunidad porque, en muchos casos, están en función de poder de manera ilegal.///////