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Con la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, el gobierno de Jeanine Áñez, los partidos de derecha y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) –artífice de esta última decisión-- apuntan a generar una convulsión social en el país para suspender de manera indefinida los comicios con cargo a un golpe artero a la democracia o definitivamente justificar un golpe de Estado y así prorrogarse en el poder.

Antes de esa decisión, partidos como Juntos que proclama como candidata a la presidenta transitoria Jeanine Áñez y Comunidad Ciudadana (CC), que promueve a Carlos Mesa, manifestaron que la decisión de un diferimiento de las elecciones estaba en manos del Órgano Electoral. A esto se suma el pedido del candidato por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho y  el postulante por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung,  de postergar los comicios sin fecha definitiva hasta que amaine la pandemia del coronavirus. Esto muestra un acuerdo subrepticio entre esas tiendas políticas con el Tribunal Supremo Electoral y fuerzas coercitivas del país como la Policía y el ejército.

A esto se suma, el hecho de que esos partidos, excepto CC de Mesa presentaron demandas al TSE para lograr que este órgano del Estado anule la personería jurídica del MAS, después de que su candidato Luis Arce Catacora comentara de manera general encuestas sobre la preferencia electoral en Bolivia, y así quitar de la competencia al partido cuyos sondeos le dan el primer lugar, pese a la campaña de desprestigio que casi todos los candidatos rivales promueven en su contra.

Supuestamente la pandemia ha sido el motivo para diferir por segunda vez la fecha de las elecciones. En principio los comicios se habían previsto para el 3 de mayo, luego fueron postergados al 6 de septiembre, siempre con el argumento de evitar un contagio masivo el día de la votación y el riesgo de ausentismo de los votantes en tiempos de cuarentena dinámica.

El presidente del Tribunal Electoral boliviano, Salvador Romero informó que el nuevo aplazamiento fue acordado por este órgano en base a consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, no tomó en cuenta a la Asamblea Legislativa Plurinacional que por tener mayoría masista habría rechazado el aplazamiento. El objetivo –dijo el funcionario-- es que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud.

Agregó que esta nueva fecha proporciona supuestamente mejores condiciones para la protección de la salud y que además favorece el trabajo logístico. El domingo 18 de octubre es la fecha para la votación, mientras que la segunda vuelta será el 29 de noviembre y la posesión de las autoridades en diciembre.

Pese a estos últimos argumentos esgrimidos por Romero, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias insiste en postergar todavía más tiempo las elecciones, inclusive realizar una nueva convocatoria para el proceso.

“Mi opinión personal es que de una vez deberíamos hacer una nueva convocatoria, es decir, poner otra fecha y de una vez convoquemos a elecciones nacionales, municipales y departamentales”, dijo el titular de Obras Públicas, argumento que confirma la intención de pretender prorrogarse en el poder.

La decisión del TSE generó reacciones de diferentes movimientos sociales que apuntan a que se realicen las elecciones el 6 de septiembre para tener un gobierno legítimo que dé soluciones a la crisis en salud y a la frágil economía del país. Así la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba otorgó 72 horas al Órgano Electoral para revertir la postergación de los comicios, de lo contrario anunció movilizaciones de protesta.

Asimismo, la Federación Única Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupa Katari y sus 20 provincias, se declararon en estado de emergencia en rechazo a la postergación de las elecciones.///////