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La decisión unilateral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aplazar las elecciones en Bolivia hasta el 18 de octubre sin la aprobación de una ley, abre un escenario de conflicto de poderes estatales, incumplimiento de deberes, desobediencia de la Constitución y a la ley, esencialmente, prevé la ruptura del Estado de derecho, según constitucionalistas.

Los reconocidos constitucionalistas, Iván Lima, y Franklin Gutiérrez, entrevistados por diferentes medios de comunicación, explicaron los alcances de la decisión asumirá por el TSE sin lograr consensos ni espera una ley, como sucedió en las anteriores tres convocatorias (3 de mayo, 2 de agosto y 7 de septiembre) para la fecha de los comicios.

Coincidieron que esta decisión puede degenerar en una crisis institucional que enfrentaría a todos los órganos del Estado y que finalmente estaría en riesgo el Estado de derecho.

El abogado constitucionalista, director de Lima & Asociados Sociedad Civil y ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Lima, alertó el viernes que Bolivia vive un “momento muy delicado” que puede agravarse con una “confrontación entre órganos del Estado y crisis institucional”.

Para el jurista, la decisión del TSE de desobedecer la ley abre espacios para la ruptura del Estado de derecho. 

En consecuencia, enfatizó que no se estaría cumpliendo el ordenamiento de que cada decisión que se asuma, desde los distintos órganos del Estado, debe estar regida por la ley y respetar los derechos de todos los ciudadanos.

“No hay una decisión legal y constitucional en el Órgano Electoral para diferir la fecha de las elecciones. En este caso, ha invadido atribuciones de otro órgano del Estado como es el Legislativo”, explicó al referirse a la disposición del Tribunal Electoral de postergar los comicios sin la necesidad de una ley.

Según el jurista, en este momento está vigente una ley que establece que las elecciones son el 6 de septiembre próximo y por el otro lado, se aprobó una resolución de la Sala Plena del TSE, que fija la fecha 18 de octubre la nueva fecha de los comicios bolivianos.

“Ninguna de las dos fechas está garantizada. Estamos ante un escenario de grave crisis de poderes”, enfatizó el ex magistrado.

Lima manifestó que con la ley vigente que estable los comicios el 6 de septiembre, el TSE al llevar adelante las elecciones el 18 de octubre, habrá cometido delitos penales que pueden ser sujetos de futuros procesos e impugnaciones para anular los resultados electorales.

“Si no hay una ley que cambie la fecha, los vocales del Tribunal Electoral estarían cometiendo los delitos de desobediencia a la ley, el incumplimiento de deberes, emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes”, aseveró.

Lo que es peor, a juicio del constitucionalista, “se va a quebrar el Estado de derecho”, debido a que se dejará de cumplir la ley que fija la fecha de la elección.

Asimismo, advirtió que después del 7 de septiembre, cualquier actor del proceso electoral podrá demandar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional la nulidad del desarrollo de la votación en octubre, porque la misma viola la ley vigente.

El Tribunal Electoral resolvió el jueves el cambio de la fecha de las elecciones sin hacer consultas políticas ni plantear al Legislativo un proyecto de ley para cambiar la fecha.

En las anteriores postergaciones de los comicios que debía realizarse el 3 de mayo, el 2 de agosto y 7 de septiembre, el TSE consultó a los actores políticos y propuso un proyecto de ley para cambiar de fecha, ero para aplazar al 18 de octubre no se procedió de esa manera.

Respecto de la decisión de no solicitar una ley al Legislativo, el presidente del organismo electoral, Salvador Romero, dijo que “el Tribunal Electoral tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la fecha de las elecciones”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por su lado, el abogado constitucionalista y asesor en Política Constitucional, Franklin Gutiérrez, advirtió que Bolivia está ante un “embrollo” jurídico que puede generar un conflicto de poderes.

Para el jurista, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es la única instancia que puede prorrogar las elecciones presidenciales en Bolivia por su Declaración Constitucional 001/2020, que hace referencia a las postergaciones anteriores.

De acuerdo al jurista, el TCP fue la instancia encargada de emitir las disposiciones de las prórrogas para las elecciones, en el marco de restablecer el orden constitucional y evitar que la democracia se distorsione en el país.

En ese sentido, enfatizó que “no puede existir más prórrogas, pues se estaría alterando el orden constitucional y la jurisprudencia constitucional. Ya es inviable una nueva postergación, al menos que el Tribunal Constitucional emita una nueva disposición”. ///////