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Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos determinó anular la sentencia de un juez que favorecía a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en el caso Octubre Negro.

La información fue difundida por la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y el Centro para Derechos Constitucionales, que impulsaron el juicio a Goni.

“Hoy, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito anuló una sentencia del tribunal de primera instancia a favor del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el ex ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, por la masacre de indígenas desarmados en 2003”, dice un comunicado publicado por ambas entidades.

La sentencia anulada, emitida por el juez James Cohn en 2018, señalaba que no había suficiente evidencia contra Goni y Sánchez Berzaín, a pesar de que el jurado había determinado que ambos eran culpables y que debían pagar 10 millones de dólares a los demandantes por los daños causados.

Las víctimas de Octubre apelaron la decisión del juez de primera instancia y obtuvieron una decisión a su favor.

La Corte de Apelaciones señaló que los demandantes sí proporcionaron evidencia suficiente de que “los soldados dispararon deliberadamente” conscientes de que herirían mortalmente a civiles que no presentaban ningún riesgo de peligro”.

“Ninguno de los fallecidos estaba armado, ni había evidencia de que representaran una amenaza para los soldados. Muchos recibieron disparos mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. Otros recibieron disparos mientras se escondían o huían”, dice la resolución de la Corte de Apelaciones, según difundieron las entidades que impulsan el juicio.

La Corte de Apelaciones remitió el caso a la Corte de Distrito para que decida si el veredicto del jurado contrario a Goni debe restablecerse y celebrar un nuevo juicio sobre la petición de los demandantes.

Según se difundió, la Corte de Apelaciones sostuvo que los demandantes tenían derecho a un nuevo juicio porque el juez de primera instancia había abusado de su discreción al admitir ciertas pruebas que eran favorables para los acusados.

El abogado Thomas Becker, de la Clínica de Harvard, destacó esta decisión como una victoria para los derechos humanos.

“Estamos encantados de que las familias que perdieron a sus seres queridos en las masacres de 2003 hayan obtenido esta importante victoria”, agregó Beth Stephens, una abogada colaboradora del Centro de Derechos Constitucionales.