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El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, admitió este martes que una de las cláusulas de la octava adenda de contrato firmada en marzo por un periodo de cinco años, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la transnacional Petrobras, acepta que la estatal boliviana asuma el costo de transporte del gas hasta zona fronteriza, lo cual significaría una pérdida de unos 60 millones de dólares para este año, y superior a los 80 millones en los años venideros.

“Un pedazo del transporte, efectivamente a pedido de Petrobras, que habiendo culminado su contrato, porque era un contrato que también terminaba, el tema de transporte, Petrobras puso como condición que el lado boliviano lo paga Bolivia y el lado brasileño lo paga Brasil”, reconoció el Ministro, entrevistado por el periodista Jhon Arandia.

Agregó que el transporte es para atravesar un “pedacito” del tramo, desde Río Grande hasta el Mutún, aproximadamente 200 kilómetros de distancia, “que estaba a cargo del precio (del anterior contrato), obviamente pasa a depender el pago por parte de la estatal boliviana”, indicó.

Consultado por Arandia si el país perderá 60 millones de dólares anuales tras la firma de la adenda, Zamora incluso respondió que la cantidad del pago por concepto de transporte es mayor, pero que no significa una pérdida para el país.

“No están bien los datos, tal vez es alguito más (…) en este año son 58.000.000 (de dólares al año por transporte), en 2021 deben ser alrededor de 80.000.000, en 2022 unos 85.000.000”, detalló respecto a los tres primeros años de la adenda firmada en marzo y que estará vigente durante cinco años.  

No obstante, Zamora indicó que no hay pérdida para el Estado. "No se pierde, en realidad es parte de un proceso de negociación que puso como condición en su momento Brasil, cuando finalizaba el contrato de transporte”, dijo.

De acuerdo a la autoridad el mismo fue aceptado para que no se paguen multas debido a que no se cuentan con los volúmenes de gas necesarios para cumplir el contrato.

Por otro lado, deslindó responsabilidades en la firma de la adenda y manifestó que él no es la Máxima Autoridad Ejecutiva, ya que YPFB cuenta con su propia MAE.

El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi; el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque; y parlamentarios de diferentes frentes como Franklin Flores, Luis Felipe Dorado, Amilcar Barral y Edwin Rodríguez, entre otros, pidieron en las últimas horas que se realice una investigación y auditorías externas a YPFB, además solicitaron que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio por la presunta comisión del delito de daño económico al Estado.

Según documentos que mostró el canal Gigavisión, el Gobierno entregó a ejecutivos antiguos de Petrobras el manejo de YPFB Corporación y de las subsidiarias, quienes se encargan de realizar los negocios a nombre del Estado con transnacionales como Petrobras. La denuncia no fue negada por ninguna autoridad.

Entre los nombres mencionados, está el de Richard Botello actual presidente ejecutivo de YPFB, quien trabajó 20 años en Schulemberg empresa que vende servicios a Petrobras, quien además firmó la cláusula de “fuerza mayor” con la transnacional para que deje de comprar a Bolivia gas por 28 días, pese a que Brasil nunca ingresó a cuarentena rígida.

De acuerdo a planillas, Ricardo Pacheco, trabajó como asesor general de la presidencia de YPFB y antes estuvo 12 años en la empresa brasileña. Andrerson Cézar de Menezes, actual presidente de YPFB Logística SA, trabajó 16 años en Petrobras. Aquiles Pfeiffer miembro del plantel ejecutivo de YPFB, antes estuvo 10 años en la firma extranjera. Mientras que Raquel Quevedo, actual gerenta de Comercialización de la estatal boliviana, trabajó ocho años en la empresa brasileña.

El pasado 6 de marzo la presidenta Jeanine Añez, el expresidente de YPFB Herland Soliz y el ministro Zamora, participaron de la firma de la adenda al Contrato de Gas entre Bolivia (YPFB) y Brasil (Petrobras) por los próximos cinco años.

Según la denuncia, con el asesoramiento de las personas mencionadas, YPFB estaría liberando a Petrobras del pago de transporte de gas, negocio con el que Bolivia estaría perdiendo aproximadamente 60 millones de dólares al año.

Lo que se constituiría en la comisión del delito de daño económico al Estado, al haberse permitido que Petrobras deje de pagar la tarifa de transporte a GTB como lo hizo durante los últimos años. Tras la firma de la adenda, YPFB asumiría ese pago millonario luego de haberse modificado el punto de entrega de Río Grande a la zona fronteriza con Brasil en Puerto Suárez.