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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, llamó este miércoles al Ministerio Público a investigar las denuncias públicas por presunto daño económico al Estado, tras la firma de la octava adenda firmada en marzo por un lapso de cinco años, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).

“Debe ser convocado por la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público y tendrá que aclararse, mientras tanto persiste la duda”, indicó el presidente de la Cámara Baja.

El martes el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, admitió que una de las cláusulas de la adenda acepta que la estatal boliviana asuma el costo de transporte del gas hasta zona fronteriza, lo cual significaría una pérdida de entre 60 y 80  millones de dólares anuales, superando los 200 millones en los tres primeros años (2020 a 2022).

Zamora, indicó que la empresa brasileña puso como condición la cláusula a cambio de evitar el pago de multas por el incumplimiento de contrato respecto a la cantidad de gas que ahora se vende al país vecino.

Además, el Ministro manifestó que de todas formas él no firmó la adenda, ya que no es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de YPFB. “Esta adenda no la firma el ministro, la adenda la firma YPFB con Petrobras. Es una negociación técnica entre Yacimientos y Petrobras. Yo no tengo nada que ver, Yacimientos tiene su MAE”.

 Al respecto surgieron críticas contra Zamora. El presidente de la Cámara de Diputados manifestó que las responsabilidades no se delegan. “En hechos de corrupción no hay deslindamiento de responsabilidad, se asume, no se delega”.

Asimismo, el diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, coincidió en que el Ministro es la cabeza del sector Hidrocarburos y por tanto debe asumir sus responsabilidades.

“Tengo mucho cariño a Víctor Hugo que es mi amigo, (no) tiene que echar la culpa solamente a los de yacimientos, él es la MAE, no puede ser que con dos presidentes (de YPFB) siga pasando lo mismo y él (Zamora) sea el último en enterarse”.

Barral señaló que el titular de Hidrocarburos debería iniciar procesos en caso de irregularidades, en lugar de esperar a que esos hechos sean ventilados por la prensa. “Él es la MAE y si él no tiene que ver, pues debería iniciar los procesos, no esperar a que un medio de comunicación o la gente de afuera se entere que estamos perdiendo plata. Son la MAE, comiencen a asumir que son la parte ejecutiva, son quienes manejan la empresa”.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo, Henry Cabrera, anunció que debido a la presunta pérdida de divisas a consecuencia de la firma de la adenda, se convocará al Ministro a una interpelación.

“Este año 2020 vamos a perder entre 58 y 60 millones de dólares. ¿Quién es la cabeza del sector? es el Ministro de Hidrocarburos, pero estamos acostumbrados a que se lave las manos, no asume su responsabilidad como máxima autoridad de este sector de hidrocarburos”, indicó.

Agregó que debido a un manejo ineficiente de la empresa estatal, se podría caer en una privatización de la misma, “la están descuartizando y en los próximos días vamos a tener trabajadores petroleros en las calles, porque ya las estaciones de bombeo entre Bolivia y Brasil, ya no están funcionando con normalidad”.

En ese sentido, Cabrera adelantó que se procederá a una interpelación. “Interpelaremos al Ministro de Hidrocarburos, le vamos a convocar a una petición de informe oral y escrito, y que le diga al país cuál es su responsabilidad”.

En horas pasadas, Zamora indicó Brasil había condicionado la cláusula en la que exigía que Bolivia se haga cargo del costo de transporte del gas, hasta zona fronteriza, desde Río Grande hasta el Mutún.

“En realidad es un proceso de negociación que lo puso en su momento Brasil cuando finalizaba el contrato de transporte. Si dejábamos ese contrato, tenías que cumplir con volúmenes que no tenemos, totalizábamos en multas más de 2.030 millones (de dólares). Eso es lo que hemos evitado con esta adenda”, afirmó el funcionario en el programa Antes de Medio Día, que se difunde en radio Fides.

El Ministro detalló los costos que Bolivia deberá asumir con la nueva adenda en los tres primeros años: “En este año son 58.000.000 (de dólares al año por transporte), en 2021 deben ser alrededor de 80.000.000, en 2022 unos 85.000.000”, detalló respecto a los tres primeros años de la adenda firmada en marzo y que estará vigente durante cinco años. 

No obstante, Zamora indicó que no hay pérdida para el Estado. "No se pierde, en realidad es parte de un proceso de negociación que puso como condición en su momento Brasil, cuando finalizaba el contrato de transporte”, dijo.

De acuerdo a la autoridad el mismo fue aceptado para que no se paguen multas debido a que no se cuentan con los volúmenes de gas necesarios para cumplir el contrato.

Según documentos que mostró el canal Gigavisión, el Gobierno entregó a ejecutivos antiguos de Petrobras el manejo de YPFB Corporación y de las subsidiarias, quienes se encargan de realizar los negocios a nombre del Estado con transnacionales como Petrobras. La denuncia no fue negada por ninguna autoridad.

Entre varios nombres mencionados, está el de Richard Botello actual presidente ejecutivo de YPFB, quien trabajó 20 años en Schulemberg empresa que vende servicios a Petrobras, quien además firmó la cláusula de “fuerza mayor” con la transnacional para que deje de comprar a Bolivia gas por 28 días, pese a que Brasil nunca ingresó a cuarentena rígida. 

El pasado 6 de marzo la presidenta Jeanine Añez, el expresidente de YPFB Herland Soliz y el ministro Zamora, participaron de la firma de la adenda al Contrato de Gas entre Bolivia (YPFB) y Brasil (Petrobras) por los próximos cinco años.

Según la denuncia, con el asesoramiento de las personas mencionadas, YPFB estaría liberando a Petrobras del pago de transporte de gas, negocio con el que Bolivia estaría perdiendo aproximadamente 60 millones de dólares al año.

Página Siete