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La Defensoría del Pueblo denunció que el Gobierno permite que grupos vandálicos violentos agredan a las personas y generen hechos de violencia en las ciudades de La Paz y Cochabamba, según un comunicado oficial publicado por la institución.

La institución informó que uno de estos grupos se hizo presente la noche del 8 de agosto en la Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz, donde se desarrollaba una vigilia frente a las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Este grupo irregular demandó a los ciudadanos que estaban allí apostados a que levanten su medida bajo amenazas del uso de la fuerza, lo que provocó amagues de enfrentamiento. 

El 9 de agosto, desde mediodía en Cochabamba, otro de estos grupos, autoidentificado como “Resistencia Juvenil Cochala”, procedió a levantar bloqueos  que se mantenían en la avenida Blanco Galindo y provocó un enfrentamiento entre civiles. En imágenes que circulan en medios de prensa y redes sociales, se puede observar que la “RJC” utilizó varios vehículos y motocicletas, portando chalecos antibalas, armamento artesanal, similar a bazucas, y petardos, así como lo hizo en anteriores ocasiones y con la permisividad del Estado boliviano.

“La Defensoría del Pueblo toma debida nota que este tipo de acciones violentas se desarrollan de manera constante y reiterativa desde inicios de este año, y que a la fecha se puede observar una suerte de complicidad y permisividad por parte del Estado, situación que podría acarrearle responsabilidades internacionales”, manifiesta el comunicado de la Defensoría.  

“La Institucional Defensorial ha solicitado, en reiteradas oportunidades, a la Policía Boliviana, al Ministerio de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado -prosigue el documento- que desarrollen las acciones necesarias para investigar los delitos cometidos por estos grupos irregulares y que cumplan con las recomendaciones emanadas por organismos internacionales para que se desarticulen esos grupos irregulares”.

Finalmente la Defensoría del Pueblo exigió la investigación de estos hechos violentos  desarrollados en las ciudades de La Paz y Cochabamba e iniciar las acciones para desarticularlos y cumplir lo establecido por la CIDH que señala que “el Estado tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que han participado”. Además, anuncia que solicitará el inicio de procesos disciplinarios en contra de los uniformados de la Policía Boliviana, que no cumplan con su misión de evitar agresiones de grupos civiles irregulares.