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El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, podría enfrentar una sentencia de hasta cinco años de cárcel por haber denominado peyorativamente “bestias humanas” a campesinos, obreros e indígenas que mantienen bloqueos en diferentes  puntos del país, en demanda de elecciones generales antes del 18 de octubre y de la renuncia de la presidente interina Jeanine Áñez, según se desprende de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 045.

La norma del 8 de octubre de 2010, en su artículo 281 quater (Difusión e incitación al racismo o a la discriminación) establece que “la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación (...) o incite a la violencia o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años”. 

El 11 de agosto, en la Asamblea de la Cruceñidad, Calvo lanzó un discurso de rechazo a los bloqueos y dijo textualmente: “Este Comité (Cívico Pro Santa Cruz) no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamadas ciudadanos; colonos que muerden la mano a esta tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta”.

Al día siguiente, entrevistado en diferentes medios de comunicación, el dirigente cívico ratificó sus palabras al afirmar que no cometió ningún delito al haber lanzado adjetivos fuertes contra campesinos, indígenas y trabajadores.

En este contexto, la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, anunció que se presentará una denuncia ante organismos internacionales por racismo contra Calvo.

“Si desde el Comité Cívico (Pro Santa Cruz) están pensando que este conflicto les va ayudar a volver a la época de los privilegios están muy equivocados, no se los va a permitir este pueblo. Están vulnerando la ley 045 de Racismo y Toda Forma de Discriminación, de todas maneras estamos haciendo las denuncias internacionales, las denuncias ante organismos de derechos humanos por estas posiciones tan antidemocráticas”, señaló la asambleísta.

Al respecto, el analista político, Jorge Richter consideró que no se puede por un lado pedir democracia, libertad, garantías, educación, civilidad y por el otro tener una faceta como la que se ha expresado en la Asamblea de la Cruceñidad.

“Desde el momento en el que el proceso electoral en Bolivia fue modificado para el 18 de octubre y las manifestaciones y protestas se visibilizaron en el país o se accionaron, los sectores que realizan estas protestas, lo que han recibido son calificativos humillantes, despreciativos y que en algunos casos se asocian también a través de las redes, de los medios de comunicación a un adjetivo y a un desprecio inaceptables para una sociedad”, dijo el analista.

A su juicio, estas actitudes han calado muy fuerte en los sectores sociales que han podido evidenciar la forma reiterada en la que se los asocia a delincuentes a hordas salvajes, a asesinos por el tema del oxígeno, a gente incivilizada, de compararlos con animales. Todo esto ha tocado en la dignidad, en el orgullo de un ser humano, de un sector social que pide lo que Pablo Zárate Willka decía: respeto recíproco. 

“En este sentido esto ahora genera un problema. De ser un conflicto por la fecha electoral se está transitando a un estadio distinto que es un conflicto social con características étnicas y raciales. Si esto se consolida, desactivar este conflicto será mucho más complejo y no se soluciona con la ley de las elecciones, se soluciona con el pedido que ellos están buscando que es la renuncia de la señora Áñez, eso está produciendo la falta de respeto, la exacerbación de insultos que han utilizado con esta desmedida campaña”, señaló Richter.