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A partir del 6 de agosto – 195 aniversario de la fundación de Bolivia – asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) tomaron la iniciativa ante la pasividad de las autoridades del régimen transitorio y en menos de 10 días lograron la pacificación del país y la aprobación de cinco leyes a favor del pueblo, para su recuperación económica, sus derechos políticos y la lucha contra la corrupción.

En la sesión de honor por el aniversario patrio, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa (MAS), convocó a los sectores movilizados a encontrar una solución a sus demandas en el marco del diálogo. 48 horas después fue la convocatoria al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad para encaminar el proceso de pacificación por la vía del diálogo.

Un primer acuerdo de esos encuentros fue la convocatoria a elecciones generales mediante ley, con una fecha inamovible e impostergable, con garantía de organismos internacionales, tal como lo planteó, un día antes el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora.

El 11 de agosto, comenzó la labor del Legislativo con la aprobación – en el Senado – de la Ley de Permanencia Obligatoria de altas autoridades por un tiempo de tres meses después de haber dejado el cargo, con la finalidad de hacer la entrega de todos los informes correspondientes y evitar su huida del país en caso de actos de corrupción. La norma fue ratificada por el pleno de los Diputados.

Al día siguiente fue en turno de las normas económicas, en primera instancia se sancionó la Ley de Diferimiento de Créditos Bancarios, permitiendo a todas las personas que tienen algún préstamo tener una pausa en el pago de capitales e intereses hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que permite un respiro a los prestatarios ya que durante todo este tiempo no se pudieron generar los recursos económicos suficientes para estos pagos o en muchos casos, miles de personas se quedaron sin trabajo.

De forma inmediata, el Senado debatió y aprobó por unanimidad, la propuesta de Luis Arce para realizar el pago – por única vez – del “Bono contra el Hambre”, otorgando un beneficio de 1.000 bolivianos a todos los bolivianos y bolivianas mayores de 18 años que no cuentan con un salario. Un día después los diputados siguieron el mismo camino y sancionaron la ley que entre otras cosas señala que el pago del bono será con créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, sin necesidad de hipotecar el futuro de la población.

En la Cámara Baja, también se dio paso a la aprobación de la Ley que Regula la Censura de Ministros, norma que evitará que el presidente o presidenta se burle de las interpelaciones realizadas en el Legislativo. El documento establece que, si algún ministro es censurado, este no podrá ejercer ningún cargo directivo en el Ejecutivo por lo menos por tres años.

Ese mismo día, los senadores aprobaron la Ley 1315, que fija como plazo definitivo, impostergable e inamovible para las elecciones generales hasta el 18 de octubre de 2020, además que advierte con procesos penales a quienes intenten cambiar o cambien la fecha fijada para las elecciones y conmina al Ejecutivo a garantizar los recursos económicos para realizar los comicios electorales.

La jornada siguiente – el 13 de agosto – la norma fue ratificada por los diputados, lo que garantiza el ejercicio democrático y los derechos políticos de la población boliviana para elegir a quien los gobernará por los siguientes cinco años. La presidenta transitoria no tuvo más remedio que promulgar la ley, aunque no dudo en enviar – a través de sus operadores en el gabinete – a un grupo paramilitar para cometer actos terroristas contra la sede de las organizaciones que se le pusieron al frente durante la primera semana de agosto.

El 14 de agosto, a ocho días del llamado de la presidenta de la ALP para el diálogo; la dirigencia de la COB, del Pacto de Unidad y del Trópico de Cochabamba decretaban un cuarto intermedio en las movilizaciones, dándole al país la pacificación necesaria para llevar adelante el proceso electoral. Vano fue el intento del régimen transitorio – a través de una fuerte campaña mediática – de arrogarse la pacificación cuando la realidad es diferente.

Ante el total desgobierno del Ejecutivo, que apeló a las amenazas judiciales, la desacreditación mediática y activó sus grupos paramilitares violentos y racistas para resolver el conflicto generado por ellos mismos al modificar arbitrariamente la fecha de las elecciones generales, tuvieron que ser los asambleístas masistas quienes tuvieron que tomar las riendas del país y gobernar para alcanzar la pacificación, la reactivación económica y garantizar las elecciones generales.