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La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”, resolvieron este sábado acatar el instructivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones del Pacto de Unidad, para dejar en un cuarto intermedio las medidas de presión hasta el 18 de octubre.

Por lo que instruyen a los 20 ejecutivos provinciales, centrales agrarias, subcentrales a levantar los diferentes bloqueos de caminos instalados en el departamento de La Paz y declarar un cuarto intermedio hasta el 18 de octubre, manteniendo el estado de emergencia en todas las organizaciones.

“Levantar los bloqueos con un cuarto, con constante estado de emergencia velando las elecciones del 18 de octubre de 2020. Cumpliendo las determinación tomada en el ampliado de emergencia con las 20 provincias y el acuerdo interinstitucional que se llevó a cabo una vez concluido el cabildo”, se lee en el instructivo dado a conocer este sábado por ambas federaciones campesinas.

Además, señalan, “asimismo tomando en cuenta las instrucciones de la COB y de la Asamblea Legislativa Plurinacional con la aprobación de la Ley 1304, la misma que garantiza las elecciones nacionales”, es que se procede a levantar las medidas de presión.

En el cabildo desarrollado el viernes en la ciudad de El Alto, las 20 Provincias del departamento de La paz, determinaron dar continuidad al bloqueo de caminos, hasta lograr la renuncia de la presidenta Jeanine Añez; pese al instructivo dado por la COB.

Indicando, “hay muchos motivos (para pedir la renuncia de la mandataria), por habernos dejado sin salud, sin educación, sin economía y sin elecciones, que son nuestros derechos fundamentales”.

Además pidieron que se dé curso a la ley de arraigo para que las actuales autoridades no puedan dejar el país tras concluir su mandato, hasta ser investigadas por actos de corrupción; también solicitaron que se instaure un juicio de responsabilidades a las actuales autoridades de gobierno por los muertos y heridos de Sacaba y Senkata; y la elaboración de una norma que dé garantías y protección a los dirigentes sociales que promovieron la medida de presión; entre otras solicitudes.