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El gobierno transitorio de Jeanine Áñez se vio envuelto en un nuevo escándalo de corrupción por el trámite de compra de 672 mil tests PCR para coronavirus mediante un intermediario boliviano que vive en Miami, Estados Unidos, similar modus operandi del caso en la compra con sobreprecio de respiradores (resucitadores) que nunca entregaron en funcionamiento.

El nuevo caso con serios indicios de corrupción ocurre cuando se superó las cuatro mil personas fallecidas por Covid – 19 y los contagiados pasaron el umbral de 100.000 personas por esta enfermedad, en medio de discursos de autoridades transitorias que reiteran que su única preocupación en su gestión es la salud de los bolivianos. 

En pasados días el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció que autoridades de Gobierno adjudicaron la compra de 672.000 tests PCR para coronavirus a una empresa china por un monto de Bs 25 millones más que el ofrecido por el laboratorio de ese país.

Al respecto, la ministra de Salud, María Eydi Roca, publicó en su cuenta de Twitter: “Todo proceso de compra de reactivos requiere que éste tenga la certificación de calidad de la @US_FDA (americana) o CE (europea). Velamos por la seguridad y la salud de nuestra población”.

Sin embargo, se reveló que se adjudicó la compra de los tests a una intermediaria, a la empresa Lasa Holdings LLC, misma que opera en Miami, Estados Unidos que tiene domicilio particular, en el cual no se puede fabricar tal cantidad de material por su propia cuenta, lo que significa que intermediaría la compra de los insumos a una empresa de China.  

Por otra parte, esta empresa está a nombre de Isaac Aizenstat, un empresario paceño que vive en el país del norte y de acuerdo a información de ese mismo Estado, se declaró en banca rota en 2019, pero que ahora se adjudicó un negocio con el gobierno boliviano de Bs 47 millones el doble de la otra oferta. 

Actualmente el Ministerio de Salud, instancia que debería estar al cargo de este procedimiento, indicó que se realizará una auditoría a la adquisición de los tests, dejando a casi 700 mil bolivianos sin que puedan realizarse las pruebas para conocer si están enfermos o no, atentando de esa manera a la salud y vida de los bolivianos.///////